jueves, 9 de octubre de 2014

Guido ya tiene quien juzgue

CÓRRASE A UN COSTADO. Servini no se mostró dócil a los caprichos de
Estela Barnes y fue finalmente apartada del
Caso Guido (Ignacio) Montoya Carlotto (Hurban)
Luego de la festejada aparición de Ignacio/ Guido (!), la Jueza  María Romilda Servini de Cubría ha quedado en el ojo de la tormenta al punto que cada vez son más fuertes los pedidos para que abandone esta causa tan controvertida.

Enriqueta Estela Barnes fue la primera en cuestionar a la magistrada cuando se dio a conocer que se trataba de Ignacio Hurban y que reside en la localidad de Olavarría. Según el parecer de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Servini "ha restituido muchos nietos, pero con el mío se ha equivocado (...) ahora sigue anunciando permanentemente todo lo que va pasando en la causa y no debe (...) primero hizo público su nombre y la localidad donde vivía y eso le trajo problemas a él y a su compañera (...)" y hasta salió en defensa de los padres adoptivos de su nieto aparecido cuando dijo que "son gente muy humilde que sufrió la persecución periodística".

Una vez conocida la noticia sobre su identidad, Hurban/ Montoya Carlotto amenazó "en Olavarría hay gente que va a tener que dar muchísimas explicaciones"... pero pidió públicamente por la inocencia de sus padres adoptivos. La teoría de Abuelas de Plaza de Mayo es que el principal responsable del rogo de Guido Montoya Carlotto fue Carlos Francisco Aguilar, ex miembro de la Sociedad Rural de Olavarría y propietario del campo donde creció el nieto de la titular de la agrupación; lamentablemente (o afortunadamente, según para quien) Aguilar falleció a principios de este año y no pudo dar su propia versión de los hechos..

A pesar de todas las advertencias, la Jueza Servini ordenó investigar a Clemente Hurban y Juana Rodríguez, quienes adoptaron a Ignacio. En declaraciones a la prensa, la magistrada fue tajante al declarar “Si los llamo a los padres de crianza va a haber problemas, para mí son apropiadores hasta que se demuestre lo contrario”.

AMOR POR LOS FLASHES. Hasta River Plate se plegó
a los homenajes a doña Estela y Guido.
Como era de esperarse, Clemente Hurban presentó un escrito recusando a la Jueza Servini y, tal como pidió Estela Barnes, que la causa pase al Tribunal Federal Nº1 de La Plata.

María Servini de Cubría es la titular del Juzgado Federal Nº1 de la Buenos Aires desde el año1990. De cuna peronista, supo frecuentar a los entonces Presidentes Carlos Menem y Néstor Kirchner. Esta magistrada alcanzó notoriedad cuando tuvo que llevar adelante la investigación de lavado de dinero conocida mediáticamente como el Yomagate. Unos años más tarde, en pleno armado de su estructura política y sin ponerse colorado, Kirchner la acusó de menemista.

Finalmente, la presión encabezada por Estala Barnes de Carlotto dio sus frutos: María Servini fue desplazada y ahora la investigación de este caso pasará al Juzgado Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Ahora, se espera que el nuevo magistrado sea más dócil a los dictados de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

jueves, 2 de octubre de 2014

La Ley de Bosques y el equivocado enfoque de Greenpeace

MARKETING (VERDE) DEL BUENO. La muchachada de Grinpi$ pre$iona a Urtubey
El gobierno creó y violó la ley que sólo se cumplió en un 10 por ciento. Porqué se equivoca Greenpeace.

Un grupo de activistas de Greenpeace Argentina llegan a la Casa de la Provincia de Salta en la ciudad de Buenos Aires. Llevan traje negro con corbata. Y una banda presidencial con la siguiente inscripción: “Gobernador de Salta”. Cada uno trae un inodoro con un cartel que dice “Ley de Bosques”. Se bajan los pantalones para sentarse en los inodoros. Y se quedan mirando a la nada para que la gente les tome una foto con sus celulares. Luego llegan chicas, de unos veinte años, vestidas completamente de negro, que despliegan un cartel enorme con la consigna “Urtubey: Basta de destruir los bosques de Salta”. Lo mejor queda para el final: el despliegue de una gigantografía, sobre la fachada del edificio de la Casa de Salta, en la que puede verse un fotomontaje del gobernador de Salta sentado sobre el inodoro que representa a la “Ley de Bosques”. El mensaje está clarísimo: si querés estudiar marketing, andá a Greenpeace.

La “Ley de Bosques” (Nº 26.331) es un caso de perversidad legislativa agravada por el vínculo: la norma fue engendrada, instrumentada y violada hasta el cansancio por el mismo gobierno.

El sistema implementado por la “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– es muy sencillo: las autoridades provinciales definen cuáles son las áreas de su territorio que deben ser conservadas (proceso denominado “ordenamiento territorial”) a cambio de que el gobierno nacional todos los años pague compensaciones ambientales tanto a las provincias como a los propietarios de los campos que no pueden desmontarse para conservar la biodiversidad.

La cuestión es que en los últimos cinco años, según lo dispuesto por la “Ley de Bosques”, el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 9900 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1010 millones de pesos.

Los principales perjudicados de tal afano son las provincias del norte del país, cuyos gobernadores feudales, lejos de reclamar el pronto pago de la deuda ambiental, ni siquiera consideran al tema como parte de su agenda de trabajo.

El problema de la “Ley de Bosques” reside en el mismo propósito original de la norma: es algo demencial pretender que una nación periférica, con un nivel de pobreza superior al 27%, corrupción generalizada, inequidad social creciente, gasto público desbordado, defaultmaníaca y populista se haga cargo de conservar la biodiversidad. Primero deberían solucionarse todos esos problemas antes de pensar en los bosques. Pero claro: no existe campaña de marketing capaz de modificar semejante situación. Para lograr eso sería necesario trabajar en serio durante décadas.

El cuidado de la biodiversidad, además, es una cuestión que sólo puede ser entendida con una visión sistémica. La conservación de un ecosistema natural es un servicio universal: sus beneficios, lejos de estar circunscriptos a una jurisdicción en particular, son aprovechados por todos los organismos del orbe. Por lo tanto, se trata de un servicio cuyo costo –el lucro cesante de la tierra no-producida– debería ser afrontado por todos.

La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se concentra solamente en algunas pocas naciones. Pero se considera que el problema debe ser resuelto por todas. Los gobiernos de los países que han liquidado sus propios ecosistemas naturales consideran que tales ecosistemas, presentes en otras naciones, deben ser conservados por el bien de todos. Lo mismo sucede con los grandes reservorios de agua dulce. Lo que están pidiendo –más bien exigiendo– con tales iniciativas es, sencillamente, que se democraticen los recursos. Pero esa imposición generará un recrudecimiento de la inequidad –tanto entre países como entre estratos sociales– si no viene acompañada de una democratización del dinero de curso forzoso.

GRINPI$ Y TODO SU COTILLÓN.  Sus actividades priorizan el impacto mediático a cualquier precio.
El antídoto contra la denominada “crisis hipotecaria subprime” (2008) fue una emisión descomunal de dólares, la cual, además de promover una elevada inflación global (medida por el aumento relativo del valor de los commodities), generó una exacerbación de la actividad especulativa. En apenas tres años –fines de 2008 a fines de 2011– la base monetaria de dólares estadounidense fue incrementada por la Reserva Federal de EE.UU. en más de un 200%. Esto se hizo para cubrir los baches gigantescos dejados por la creación de dinero ficticio generado a partir de las hipotecas basura. El hecho de que haya tenido que crearse tanto dinero en tan poco tiempo nos da una idea del lucro espectacular obtenido por algunos especuladores a costa de la estabilidad mundial.

Me gusta imaginar que algún día esas inyecciones masivas de liquidez no se harán para apagar incendios financieros, sino para sofocar incendios morales. Si pudieron imprimir dólares de manera bestial para salvar al sistema financiero de la irresponsabilidad presente en el propio sistema, ¿por qué no van a poder hacer lo mismo para evitar que colapsen los ecosistemas naturales?

Sólo la provincia de Salta tiene 6,68 millones de hectáreas que no pueden ponerse en producción para mantener la biodiversidad. Si tal superficie registrara un lucro cesante promedio de 2,0 toneladas/ha de soja, estaríamos hablando –con el precio FOB actual de esa oleaginosa– de una compensación anual superior a 6000 millones de dólares.

Los activistas de Greenpeace, si realmente quieren cambiar el mundo, en lugar de divertirse haciendo payasadas en las grandes ciudades de naciones pobres, tendrían que acampar frente al edificio de la Reserva Federal de EE.UU. o del Banco Central Europeo hasta lograr que todas las naciones del mundo se hagan cargo de mantener los ecosistemas naturales que aún no fueron transformados (a menos, claro, que sólo quieran hacer un posgrado en marketing).

escrito por Ezequiel Tambornini 
para La Política Online

NOSOTROS, LOS SALVADORES DEL MUNDO. Desde su portal web, Grinpi$ anuncian la llegada del Apocalipsis ambiental y por eso nos piden que los acompañemo$$$

miércoles, 1 de octubre de 2014

De la legalización a la naturalización

Cada tanto, se vuelve a instalar la despenalización del consumo de drogas en la opinión pública nuestro país. Esta vez fue el sacerdote Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien pidió la "no criminalización del consumidor" explicando "el consumo adictivo es en todo caso un problema que se debe abordar desde la salud y no como una cuestión penal".

Antes, Molina ya había desatado una fuerte polémica en medios y redes sociales a raíz de declarar en Radio Nacional "yo, si me decís, yo habilitaría el consumo de todo y haría buenos centros, porque es la única forma que tenemos de combatir al narcotráfico, no hay otra a nivel mundial".

Este tema tiene varias aristas para ser abordado y nos invita a reflexionar sobre los límites de los derechos individuales y, sobre todo, cuál es realmente el rol del Estado en todo este drama. Podemos preguntarnos también si el pueblo argentino está debidamente preparado para que finalmente se legalice el consumo de drogas.

Juan Carlos Molina tiene razón cuando resalta cuánto se ha avanzado en la prevención del tabaquismo. Hasta hacen unos años, fumar tabaco era bien visto. Pitar un cigarrillo nos podía asimilar a personajes famosos que veíamos en televisión y en revistas. Gracias a efectivas campañas del Gobierno Nacional, es evidente que nuestra sociedad ha tomado conciencia acerca de lo nocivo del tabaco para la salud. Afortunadamente, ya no vemos publicidades que nos vendían las "bondades" de fumar un cigarrillo.

Pero, extrañamente, eso no sucede respecto a la marihuana. En los medios de comunicación pululan personajes "progresistas" que nos presentan a esta célebre hierba como algo casi inocuo y hasta revolucionario (?). Hasta se insiste en el "uso medicinal" de la plantita, algo de lo que no existen pruebas científicas contundentes que lo sostengan.  Eso sí: nadie habla de las consecuencias negativas de esta plantita para el organismo humano. Así, muchos adolescentes y jóvenes terminan convenciéndose de que fumar marihuana es de lo más "cool" y hacen propios los argumentos pro canábicos de ciertos formadores de opinión. 

Nuestros gobernantes aún no se han sincerado acerca de la honestidad con la que afrontan la lucha contra el narcotráfico. A la luz de los hechos, podemos observar que en estas últimas dos décadas el consumo de drogas ha crecido exponencialmente en la Argentina.

Los argentinos sabemos bien que las fronteras de nuestro país son muy frágiles, las puertas están abiertas de par en par para narcotraficantes y contrabandistas. Lo peor parece que a este Gobierno mucho no le interesa tomar cartas en el asunto.

Para muestra podemos tomar el penoso caso de la Ciudad de Rosario, la cual se ha convertido en tierra de nadie en la que los narcotraficantes se hacen un festín. Indudablemente, ellos no podrían delinquir tan descaradamente sino fuera en connivencia con autoridades. Esto ya le costó el cargo a Hugo Tognoli, ex Jefe de la Policía de Santa Fe, por sus vínculos con la mafia de la droga. No es casual que en la Provincia de Santa Fe ya existen denuncias de apoyo financiero del narcotráfico al Gobierno Provincial. 

Y sobre lo que nunca se quiso echar luz es sobre la financiación de campañas electorales. La sombra del narcotráfico se extiende sobre el marketing político, por lo que luego el político de turno hace la vista gorda ante el accionar de los oscuros mercaderes de la muerte. A muchos poderosos no les conviene.

Podemos recordar el Caso del Triple Crimen de General Rodríguez y la Mafia de la Efedrina, cuyas conexiones nos llevan al poco claro financiamiento de la campaña electoral de Cristina Fernández en el 2007. Nada se supo sobre los verdaderos culpables de los brutales asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Muchos crímenes cometidos están asociados al consumo y comercialización de drogas. Si de dar soluciones al drama del narcotráfico, qué se puede esperar de un Gobierno que ostenta una negación casi patológica de la inseguridad que azota a la Argentina entera.

Entonces, si no hay mucha voluntad política de erradicar el narcotráfico poco podemos esperar de este proyecto y de cualquier otro. Tan solo son maquillajes que intentan disimular la hipocresía de nuestros representantes cada vez más lastimosa. 
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