miércoles, 30 de octubre de 2013

El fin de los medios

La Corte Suprema de la Nación declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que levantado mucha polvareda en la escena política nacional ya que responde a un clamor del kircnerismo que se viene escuchando e los últimos años y atenta directamente contra los intereses del poderos Grupo Clarín.

Desde que esta polémica ley empezó a tratarse, Clarín activó una fuerte campaña para impedir que se sancione, siempre escudándose en la "libertad de expresión". Numerosas editoriales y palabras de periodistas "serios" avalaron las quejas del grupo que lideran Héctor Magnetto y Ernestina Noble.

Esta medida fue muy festejada por el Gobierno Nacional, sus medios adictos y simpatizantes. Al parecer, la Justicia parece haberse "democratizado" de un plumazo. Personajes como Hebe Pastor de Bonafini y Víctor Hugo Morales deberán olvidar todas las descalificaciones que escupieron contra los integrantes de la Corte Suprema.

Ayer, Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), hizo un raid por varios medios para manifestar su regocijo por la declaración de la Corte Suprema, como así también reflexionar sobre las implicancias de esta normativa.

A su vez, algunos dirigentes de la oposición criticaron duramente el fallo del máximo Tribunal de Justicia. La siempre polémica Elisa Carrió habló de un "pacto espurio" entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno que encabeza Cristina Fernández. Acto seguido, la legisladora chaqueña apuntó contra el Presidente del máximo tribunal cuando agregó "este fallo fue hecho para la caja de Lorenzetti y no fue gratis; a cambio se pactó la ley de medios a favor del Gobierno". Fiel a su estilo, Carrió se guió por impresiones personales y algún que otro rumor y, sin pruebas en sus manos para sostener sus afirmaciones, dejó un titular para la prensa opositora.

Lo cierto es que la "Ley de Medios" tiene sus puntos positivos ya que, entre otras cosas, delimita notablemente el poder de grupos económicos que operan desde la prensa, cuyos abusos quedan siempre solapados bajo la tan mentada "libertad de expresión".

Lo negativo es que, ávidos de conflictos, el kirchnerismo instaló el debate por la Ley de Medios como si estuviera atacan la raíz misma de todos los males de la Argentina. Como un grupo económico (Clarín, obvio) fuera el único culpable del malhumor social, la inflación, la violencia, la inseguridad y cuanta mala onda haya por ahí.

Pocos recuerdan que el Grupo Clarín y Néstor Kirchner eran socios desde que el santacruceño asumió la Presidencia de la Nación hasta inclusive el primer año del primer mandato de Cristina Fernández. Fue el mismo Kirchner quien firmó un decreto autorizando la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo que aumentó considerablemente el poder de Clarín. Pero algo se rompió entre los Kirchner y Clarín. Son muchos los rumores pero no hay certezas y, de ahí en más, se declararon la guerra.

Otra mentira que se dice desde le kirchnerismo es decir que la vieja normativa es "la ley de la Dictadura", en referencia a la Ley N° 22.285 que entró en vigencia en Septiembre de 1980. Lo que no nos cuentan es que esa ley tuvo innumerables modificaciones, en su mayoría provenientes de los gobiernos democráticos que se sucedieron. De hecho, quien permitió el ingreso de grupos económicos a los medios de prensa no fue un gobierno militar sino uno justicialista: el de Carlos Saúl Menem quien, a fines del año 1989, cedió a la presión del Grupo Clarín derogó el artículo 45 Inciso E de la Ley de Radiodifusión 22.285 que prohibía a las empresas periodísticas gráficas el acceso a la Radio y a la TV. Rápidamente, Menem y todo el PJ impulsaron licitaciones de radios y canales de televisión para que empresarios amigos del poder empezaran a hacer buenos negocios con la información y el entretenimiento, entre los que Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto picaron en punta.

En conclusión, quienes transformaron a Clarín en un mounstruo fueron Carlos Menem y  Néstor Kirchner.

El desguace del "cuarto poder" supone un avance importante de la democracia. Brindo por ello. Ahora bien, es también muy peligroso para un país que sea un Gobierno el que diga qué es lo que hay que escribir y qué no, qué es lo que se dice y qué no se puede decir. Y eso no será precisamente democracia.
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