jueves, 4 de octubre de 2012

Botas Locas

¿INTENTO DE GOLPE DE ESTADO? 
¿Están Clarín y La Nación atrás de todo ésto?
Efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional se manifestaron en protesta por la reducción de compensaciones que les implicó una notable reducción en sus haberes, la cual fue dispuesta a través del Decreto 1307/12 que firmaron la Presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y la Ministro de Seguridad Nilda Celia Garré.

Este conflicto salarial que involucra a esas dos instituciones militares no es reciente, sino que tiene su origen durante las presidencias de Carlos Menem y se acentuó durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde el año 2005, se les empezaron a pagar aumentos "no remunerativos" (en negro, hablando claramente) en sus sueldos, lo cual desencadenó una serie de medidas cautelares presentadas ante la Justicia para que dichos incrementos sean tenidos en cuenta para el cálculo en aguinaldos, como así también en lo que cobran militares retirados. El Decreto 1307/12, supuestamente, fue confeccionado para regularizar los haberes de quienes integran dichas instituciones militares.

La protesta se inició en destacamentos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y fue rápidamente extendiéndose a otras localidades como Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, San Juan.

Como sucede con otros temas espinosos, la respuesta del Gobierno Nacional fue tergiversar y descalificar. Nunca una autocrítica. Abal Medina, acompañado por los ministros Garré y Hernán Lorenzino, salió a acusar a algunos "privilegiados" sobre los que dijo "En los hechos, la aplicación de Prefectura fue francamente desastrosa. 9985 prefectos cobran lo mismo o más que lo que cobraban antes, pero en 561 casos no sabemos si esto fue un problema administrativo concretos o si se está usando a los de más abajo como carne de maniobra de los que quieren mantener privilegios". El Jefe de Gabinete anunció la remoción de las cúpulas de Prefectura y de Gendarmería, como así también que se mantendrá el nivel de los sueldos, no sin insinuar también una actitud golpista de los uniformados cuando afirmó "Los argentinos sabemos muy bien lo que fue el pasado, y vimos ayer imágenes que nunca más queremos que se repitan" y desafió "No lo vamos a permitir y aplicaremos toda la fuerza de la ley para los autores materiales e intelectuales, que serán sancionados".

Una vez conocida la nueva disposición del Gobierno, el Diputado Nacional Agustín Rossi pidió públicamente a los manifestantes que vuelvan rápidamente a sus tareas habituales, lamentando queestas cosas no pueden pasar en democracia. Las fuerzas de seguridad deben plantear sus reivindicaciones dentro del estricto respeto y disciplinamiento al poder político. Es incomprensible la actitud que asumieron Prefectura y Gendarmería”. Asimismo, esa protesta fue condenada por los Gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Daniel Scioli (Buenos Aires), Eduardo Fellner (Jujuy), Sergio Urribarri (Entre Ríos) y José Alperovich (Tucumán).

En sintonía con el Gobierno Nacional, el legislador porteño Juan Cabandié manifestó "No se puede seguir soportando esta provocación permanente de algunos interesados en desestabilizar la democracia"; también declaró "Son los de siempre, enemigos de la democracia, que se esconden y que son parte de los que generan problemas. Hay que decir que [Héctor] Magnetto es responsable de esto y no da la cara. Las editoriales del día de ayer de La Nación y Clarín son realmente preocupantes". La Cámara de Senadores de la Nación emitió un comunicado en el que exhortan a “los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución Nacional.

La oposición también llamó al orden a los uniformados. Mauricio Macri declaró que los efectivos de Prefectura y Gendarmería deberían dar por finalizada su protesta entendiendo que “tienen una responsabilidad mayor que otros trabajadores y no pueden tomar la calle; cualquier tipo de conflicto tiene que resolverse dentro del marco que fija la vía institucional”.

Página/12 baja línea, como siempre.
El que tuvo un traspié mediático fue Antonio Caló, flamante titular de la Confederación General del Trabajo (K), quien en un primer momento salió a respaldar los reclamos de los integrantes de fuerzas de seguridad aunque luego tuvo que rectificarse opinando que "no estamos de acuerdo con este reclamo, porque ellos (por los gendarmes y prefectos) tienen otros canales que no son la protesta; claramente no son un gremio y por eso deben tener responsabilidad". Hugo Moyano, que resiste en la CGT bis, hizo alusión a la contradicción de su ex aliado Caló opinando "seguro que opinó algo y después lo llamaron y cambió. Son las tareas que le han asignado, la obediencia debida. Algunos están dispuesto a aceptarlo y otros no. Esto no quiere decir que seamos conspiradores".

Es sabido que, desde la llegada de los Kirchner al poder, las Fuerzas Armadas han sido objeto de todo tipo de denigraciones. Quienes actualmente integran sus filas tienen que pagar por los excesos que otros cometieron en décadas anteriores.

Nilda Garré está nublada de odio y resentimiento contra las FF.AA., dado su pasado guerrillero. A sabiendas de ésto, Kirchner la nombró al frente del Ministerio de Defensa en Diciembre de 2005 y años más tarde, fue nombrada como Ministro de Seguridad. De ahí en más, acaso cegada por sus rencores, no supo estar a la altura de las circunstancias.

Seguramente, este reclamo resulta justo... aunque es cuestionable el acuartelamiento. De todas maneras, no se puede hablar de intento de Golpe de Estado. Esta controversia rememora a la que protagonizó en su propio país el Presidente Rafael Correa cuando en Octubre de 2010 interpretó un reclamo salarial como un intento de Golpe de Estado... Así es que el kirchnerismo quiere aprovechar el río revuelto y no llama a las cosas por su nombre.
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