domingo, 31 de julio de 2011

Si no pueden por las urnas, lo harán a través de las armas

AHORA, JUJUY. Avasallamiento de libertades individuales, violencia,
muerte, río revuelto y ganancia de los antidemocráticos.
Escena repetida en Argentina.
Déficit habitacional, oportunismo de unos pocos y desorientación de muchos, usurpación de terrenos y violencia. Otro episodio más en la Argentina de este cóctel. Esta vez, en la Provincia de Jujuy.

Anteayer se vivieron hechos lamentables a poco más de 100 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en Libertador General San Martín, en donde, desde hacen unos años, un grupo de familias vienen exigiendo a los propietarios del Ingenio Ledesma que les cedan terrenos para construir allí sus viviendas. Nada de comprar el terreno, sino que piden que se los entreguen. Con prepotencia.

Ante la negativa de la empresa, la Corriente Clasista Combativa movilizó a unas 700 familias a usurpar unos terrenos que son propiedad de la empresa Ledesma. Ante la intransigencia de los usurpadores, los propietarios de dicho terreno radicaron la denuncia pertinente ante las autoridades policiales de la Provincia de Jujuy.

Acto seguido, el magistrado Jorge Samman libró una orden de desalojo y se tomó licencia por vacaciones, por lo que la causa quedó en manos de Ana Carolina Pérez Rojas, jueza de turno, quien ordenó suspender la medida tras la muerte del policía.

El desalojo se tornó violento y dejó el triste saldo de cuatro personas muertas y más de 60 heridos. El primer fallecido fue un agente de la policía provincial y, luego, Ariel Farfán, de 17 años, quien permanecía junto a su madre ocupando un espacio en el terreno, y Félix Reyes, quien no habría tomado parte de la toma, de 21 años. En el día de ayer se confirmó el último deceso fue el de Juan Velázquez, de 37 años, quien habría fallecido en el Hospital "Pablo Soria", donde había sido internado en estado crítico por una herida de bala en la región frontal del cráneo.

Desde el Gobierno de Jujuy, la única reacción que hubo fue la renuncia del Ministro de Gobierno y la separación de quien estuvo a cargo del operativo policial. Walter Barrionuevo aseguró que "no entiende nada" e indicó que las fuerzas públicas de seguridad tenían orden de llevar escudos pero no armas y que, al llegar al predio usurpado, se encontraron con individuos que los aguardaban con sus rostros cubiertos, quienes recibieron a la policía "con piedras y armas de fuego". Por su parte, Enrique Mosquera, titular de la C.C.C. de Jujuy negó que los manifestantes hayan recibido notificación alguna y que los policías se habrían avalanzado violentamente sobre ellos sin mediar palabras.

Luego de sucedidos los hechos de violencia, en Jujuy, hubieron cortes de ruta  en toda la Provincia en "solidaridad" con los usurpadores. En la Ciudad de Buenos Aires, para no ser menos, hubo una marcha liderada por la C.C.C., y en la que tomaron parte otras "organizaciones sociales", a fin de protestar por la "represión". En la mencionada manifestación, que incluyó también cobardes destrozos en la Casa de Jujuy, Juan Carlos Alderete, referente nacional de la C.C.C., deslindó toda responsabilidad a sus "compañeros" y culpó de todo al ministro de Gobierno jujeño Pablo La Villa.

Ante el caos generalizado, el kirchnerismo pretende encubrir a Barrionuevo, Gobernador K, y optó por culpar a la empresa de la "represión". La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación condenó lo que entendió como "represión" y difundió un escrito en el que afirman que "el gobierno nacional, desde mayo de 2003, ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo, y efectúa un llamamiento para que se privilegie la búsqueda de soluciones pacíficas, tanto por quienes reclaman por sus derechos como por quienes tienen la tarea de mantener el orden".

En tal sentido, la "Secretaría de Derechos Humanos" de la Confederación General del Trabajo emitió un comunicado en el que "los trabajadores" manifiestan "Pedimos no sólo que se castigue con toda la fuerza de la ley a los responsables directos de tantos heridos y muertos, sino que se investigue al juez que dio la orden de desalojo, a los funcionarios que estén involucrados y a los sectores del poder económico concentrado, como los Blaquier, que sin lugar a dudas se encuentran detrás de estos actos aberrantes". Más allá de una retórica setentista y una vaga acusación contra el poder político, la muchachada de la C.G.T. disparó contra "Los Blaquier, paradigmas de la explotación, una vez más, con la complicidad del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y algunos funcionarios, pisotean la vida y los derechos de los más pobres".

Sin embargo, la empresa en cuestión emitió un comunicado en el que se desliga de toda responsabilidad que se le endilga expresando, entre otras cosas, que "Ledesma, ni el personal que cumple funciones de vigilancia, ni sus vehículos participaron del desalojo. La orden judicial de desalojo recayó en la Policía de la provincia de Jujuy".

A su vez, agrupaciones de izquierda culparon a la Familia Blaquier, a la que acusaron de haber colaborado con la Dictadura cuando recordaron el triste espisodio de "La Noche del Apagón" ocurrido en Julio de 1976, en el que más de 400 trabajadores fueron secuestrados por fuerzas militares. Ahora, esta gente pretende usar a esos cuatro cadáveres como "bandera" de sus próximas acciones antidemocráticas. No es un detalle menor que en el velatorio de Félix Reyes, sus familiares no permitieron el ingreso de Mosquera, líder de la C.C.C. jujeña... ningún periodista "militante" osó por interrogar a los deudos de Reyes sobre las razones por las que no admitieron a ese dirigente "social" ni ningún otro "luchador" de esa agrupación.

Carlos "El Perro"Santillán, histórico referente de la C.C.C., declaró a Dario Perfil que, en Jujuy "Sólo se puede tener una vivienda si estás en la Tupac Amaru, siempre hay promesas de los gobiernos provincial y nacional, peor nunca respuestas". Santillán señaló además que desde hacen unos seis hay un grave problema habitacional en su Provincia y que "Este gobierno, y el antecesor, el del ex gobernador Eduardo Fellner (actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación) siempre tuvieron la política de reprimir".

Sabido es que Santillán tiene un duro enfrentamiento con Milagro Sala, no solo a través de declaraciones cruzadas, sino también de algunos episodios de violencia en el que estuvieron involucradas patotas que responden a ambos dirigentes "sociales". En Jujuy, el Movimiento Barrial "Tupac Amaru" desplazó a la C.C.C. en el manejo del perverso aparato clientelista del justicialismo; la C.C.C. estaba muy cercana a Eduardo Duhalde cuando el bonaerense era el Presidente de la Nación pero, luego de que Néstor Kirchner se hiciera cargo del Ejecutivo Nacional, los liderados por Milagro Sala pasaron a ser el movimiento "predilecto" del Gobierno Nacional. Esa disputa entre ambas agrupaciones tuvo varios capítulos de violencia cruzada, que dejaron heridos y destrozos de distinta índole. Desde hacen unos años, Sala es la "mimada" por el Gobierno Nacional por lo que, bajo el amparo de la Casa Rosada, goza no solo de la administración de miles de planes sociales y dispone de subsidios millonarios de parte del Gobierno Nacional, sino también de total impunidad a pesar de haber protagonizado toma de instituciones gubernamentales, cortes de calles, grescas varias, la usurpación de terrenos y enfrentamientos armados... eso sí, ante tanto vértigo "militante", Milagro elige a Punta del Este como su lugar para desenchufarse de tanta lucha clasista.

Para intentar calmar las aguas, el Gobernador Barrionuevo remitió un proyecto a la Legislatura Provincial para expropiar las 150 mil hectáreas que la empresa Ledesma posee en Jujuy (¿nadie se pregunta quien permitió que tantísimas hectáreas queden en manos de una sola empresa?). Todo parece indicar que el poder político apuntará a culpar a la Familia Blanquier y parece que nadie se animará a investigar cómo es posible que esos movimientos "sociales" estén armados.


El fenómeno piquetero es algo que es muy difícil de controlar, ya que se viene gestando casi desde mediados de la Década de los 90, momentos en que el "modelo menemista" ya hacía agua por varios costados. Allí aparecieron personajes siniestros que, a sabiendas de que nunca llegarían al poder a través de elecciones democráticas, recurrieron a la agitación social para así hallar el lugar por el cual penetrar en la escena política de nuestro país.

Con el paso de los años, estos movimientos "sociales" adquirieron el estatus de ONG y, de esa manera, se convirtieron en administradores de planes sociales y subsidios millonarios que, por orden del Presidente Néstor Kirchner, les llegaba a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con dinero estatal, Kirchner cooptó a estos revolucionarios de cotillón y los integró a su movimiento "transversal", siendo de gran "utilidad" para movilizaciones y "demostraciones de fuerza" para amedrentrar opositores.

Esto de usurpar terrenos para luego repartirlos entre desposeídos es una táctica que ya ha sido usada en la Argentina. Uno de los personajes que mejor capitalizó este atropello fue Luis D'Elia, con su Federación Tierra y Vivienda, al llevar gente a tomar terrenos fiscales para luego él mismo encargarse de lotear y comercializar la construcción de viviendas. Tan fácil estaba que fueron varios los que quisieron hacer "La Gran D'Elia". Un negocio redondo y sin costos significativos.

Ciertos sectores cercanos al Gobierno Nacional quieren convencernos que todo esto se trata de una "lucha de clases", como una guerra de pobres contra ricos, una pelea constante entre "pueblo" y oligarquía. Este discurso no solo que nos tapa una realidad, sino que enardece antagonismos que deberían estar sepultados en el pasado y que hoy solo sirven para hacerle el juego a esos enemigos de la democracia y amantes de los regímenes totalitarios.

Si se reivindica la lucha armada y el odio clasista, estaremos lejos de poder vivir en una Argentina democrática,

1 comentario:

Anónimo dijo...

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