martes, 8 de febrero de 2011

Juicios contra el Estado Provincial: ¿que los pague Magoya?... no, el pueblo paga

Gioja, principal responsable político de crecientes deudas del fisco sanjuanino
Un nuevo escándalo estalló en la Provincia de San Juan que terminó produciendo la renuncia del Fiscal de Estado Mario Díaz.

Como es sabido, el pasivo del Estado Provincial es abultadísimo producto de endeudamientos irresponsables que se han contraído en sucesivas gestiones del Poder Ejecutivo.

La renuncia de Díaz intenta descomprimir la tensa situación generada entre el Ejecutivo y la Justicia a raíz de que salió a la luz los desmanejos de quienes, se supone, deberían velar por los intereses del Estado Provincial y, por negligencia, no lo hicieron. En este caso puntual, la renuncia del Fiscal se da en medio de la controversia generada por las cifras siderales que el ente estatal debe abonar en concepto de expropiaciones realizadas y otros juicios.

Sin ponerse colorado, Díaz declaró a Sanjuan8.com que "Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Creo que cumplí con la tarea asignada y durante estos 7 años avanzamos mucho en cobros, por ejemplo". A su vez, el ahora ex Fiscal aseguró a Diario de Curro que “Los motivos los guardo para mí, pero le aseguro que son netamente personales y que nada tiene que ver la investigación interna sobre los megajuicios por expropiaciones del Estado, no fue determinante”. Por su parte, para intentar minimizar cualquier polémica, el Gobernador José Luis Gioja y avaló tácitamente las explicaciones que Díaz dio a la prensa (oficialista) cuando aseveró que el ex funcionario provincial "cumplió con su tarea hay que respetar su decisión y seguir trabajando" y agregó que "Como gobernador siento una rebelión interna, por no decir una calentura, cuando tengo que firmar el pago de millones de pesos de honorarios por juicios al Estado, o cuando se pagan sumas excesivas por bienes que se expropiaron hace 60 o 70 años" (...).

A través de los complacientes medios de comunicación que hay acá en San Juan, se instaló la idea de que habría una "red" de abogados, funcionarios y jueces que habrían obrado mancomunadamente de mala fe para estafar al Estado Provincial, logrando que el fisco deba pagar altas sumas de dinero por diversas causas judiciales. Según la teoría giojista, tras "dos años de investigaciones" que dirigió el Jefe de Asesores del Gobernador Guillermo De Sanctis, se empezó a detectar a los responsables de la maniobra fraudulenta y es por ello que el Gobernador Gioja dejó cesante a Norberto Baistrocchi, abogado que defendía al Estado en las causas de expropiaciones, y, además, se suspende por 15 días al Jefe de área Héctor Carelli. Por orden de De Sanctis, los abogados Ricardo Romero, quien se desempeña en el área de Obras Pública, y Ana María Alcoba, Asesora Letrada del Gobierno de la Provincia, para que inicien un sumario interno para investigar a los funcionarios recientemente sancionados.

Según informó el hiperoficialista Diario de Curro, Baistrocchi tiene 19 causas en su contra por no apelar sentencias desfavorables, consentir fallos en los que sólo se tuvo en la versión del demandante para fijar lo que tenía que pagar el Estado, dejar vencer plazos y no objetar ninguna de las liquidaciones y no actuar a tiempo para que el Tribunal de Tasaciones presente su pericia en que el Estado salía perjudicado teniendo que pagar sumas millonarias. Este abogado intervino en representación del fisco provincial en expropiaciones para las construcciones del Dique "Cuesta del Viento", el Parque de Mayo y el Canal "Benavídez".

Para echar más leña al fuego, el saliente Mario Díaz declaró que la investigación debería continuar sobre tres juzgados civiles: el 1º, a cargo de Rosalba Marún, el 4º que encabezaba Roberto Pagés y que hoy es camarista), y el 5º de Carlos Macchi. Para sostener esta acusación del oficialismo provincial, Diario de Curro acusa a Baistrocchi de no haber defendido los intereses de la Provincia en la expropiación de terrenos para la construcción del dique Cuesta del Viento: para criticar el valor que la Justicia ordenó a a pagar al Estado Provincial, se tomó como referencia el que fijó la Jueza Rosalba Marún en 19 pesos el precio de cada metro cuadrado y Baistrocchi no apeló... el gobierno sanjuanino se rasga ahora las vestiduras porque toma como reseña otro valor que fue el que determinó la jueza Myriam Bettio: tan solo 19 centavos por metro cuadrado. Claro que para entender este tremendo desfasaje en las cotizaciones brindadas por las dos magistradas, debemos tener en cuenta que la jueza que elogia el giojismo es Victoria Myriam Bettio (esposa del ex Fiscal de Estado Mario Díaz), que estaba a cargo del Tercer Juzgado Civil y hoy jubilada; el cargo de Bettio es actualmente ocupado por Luis Arancibia (sobrino de José Luis Gioja... nada es casual).

Un detalle no menor en medio de todo este lío es que, mientras se define la situación judicial de estos dos funcionarios, la Jueza María Inés Rosellot dictaminó la suspensión de los más de 300 juicios de expropiaciones que hay en trámite en la Justicia Civil. Esto no deja de ser escandaloso: un juez suspenda la ejecución de sentencias firmes, pasadas en autoridad de cosa juzgada... Salvo que tuviera pruebas suficientes para sospechar que abogados y jueces actuaron en connivencia y, si ésto fuese así, junto con la orden de suspensión, debería haber sacado la orden de detención contra los implicados.

Hasta ahí, toda la versión oficial que deja muy bien parado a nuestro Gobernador como celoso centinela de los intereses de la Provincia. Aplausos.

Lejos de quedarse callado, Baistrocchi se presentó ante la Jueza Rosselot para ofrecerse como testigo en esta causa y también concurrió a los medios para dar su versión de los hechos. En diálogo con Radio La Red, el ex Abogado de la Fiscalía General cuestionó cuestiones formales de su cesantía y se defendió señalando que “Yo nunca dejé vencer los plazos. Díaz pretende hacer creer a la población por lo que yo no apelé ninguna sentencia y yo no las apelé por orden del Fiscal porque yo no tengo autoridad para decidirlo”. Roberto Pagés, actualmente camarista y ex Juez del 4º Juzgado Civil, contraatacó a Mario Díaz afirmando que “El fiscal de Estado es el principal responsable constitucional de controlar las irregularidades del Estado y debe estar sujeto a control”.

Ante la avanzada de Baistrocchi en algunos medios (hay que decir que sus dichos tuvieron escasa repercusión), Guillermo De Sanctis soltó con prepotencia Que Baistrocchi se deje de ensuciar por los medios de comunicación y, si está disconforme, que recurra a la Justicia Provincial en el Fuero Administrativo”.

Más de lo mismo:
De Sanctis, designado nuevo Fiscal de Estado
La Fiscalía de Estado de la Provincia escasea de funcionarios competentes porque muchos de ellos no ingresaron por concursos de antecedentes y oposición sino por su cercanía a los poderes de turno. Para Fiscal General, el Poder Ejecutivo propone formalmente tres candidatos, de los cuales el Poder Legislativo opta por uno de ellos; en el caso de Mario Díaz, fue propuesto por Gioja en el año 2004 y elegido por la Legislatura (con mayoría giojista, claro).

Desde hacen décadas, el Estado Provincial tiene la mala costumbre de no cumplir con sus obligaciones prorrogando casi indefinidamente los plazos para saldar sus deudas. Todo un estafador a cara descubierta, que obra con el amparo de Justicia. Desde la vuelta a la democracia, la deuda pública de San Juan fue creciendo paulatinamente, llegándose a incrementar notablemente durante el Gobierno de Jorge Escobar.

Lejos de profesionalizar la Fiscalía de Estado, el Gobernador José Luis Gioja optó por designar a Guillermo De Sanctis. En su momento, De Sanctis fue menemista y hoy, mientras convenga a todos los hijos de Juan Domingo, es kirchnerista; ocupó diferentes cargos políticos como Vicegobernador de la Provincia cuando gobernaba Escobar, fue diputado provincial y luego legislador nacional por San Juan. De Sanctis es un abogado que hacen largos años que no litiga ya que, tal como hemos visto, está plenamente dedicado a la política militando en el Partido Justicialista y ocupando distintos cargos públicos. Desde que encabeza el equipo de asesores del primer mandatario provincial, De Sanctis ha cobrado notoriedad chicaneando a todo aquel que se anime a cuestionar a Gioja.

Otro ardid que se inventó fue la "Ley de Emergencia Económica" por la cual la Provincia reconoce sus deudas pero les avisa a sus acreedores que no les pagará aduciendo falta de recursos. Lo cierto es que durante sucesivas gestiones en el Gobierno Provincial, esa polémica ley fue prorrogándose sin cesar, estafando a todos los proveedores del Estado, de manera tal de no comprometer los fondos que se usan para favorecer la imagen de los políticos de turno. Gioja está lejos de intentar torcer esta historia de mentiras.


¿Cómo funciona la Fiscalía de Estado de la Provincia?
Un botón de muestra

En el año 1996, el Gobierno de la Provincia de San Juan que lideraba Jorge Alberto Escobar (y del que Gioja era su principal aliado) cede a las presiones privatistas del entonces Presidente Carlos Menem y se vende el Banco de San Juan transfiriendo el 75% de su paquete accionario a manos privadas. Entre los nuevos dueños de la principal entidad financiera de San Juan se destacaba nada menos que el Grupo Petersen.

la gente vivando a Escobar y a Menem, socios privatizadores
Como todas las privatizaciones llevadas a cabo en aquellos años, la venta del Banco de San Juan estuvo envuelta en numerosas irregularidades que tuvo como principal responsable al gobierno justicialista de Jorge Escobar. Además de que el precio de venta fue inferior al que debería haber tenido, el Estado Provincial no solo se reservó el pasivo de la entidad bancaria sino obligaciones que los nuevos dueños asumieron a poco de hacerse cargo. En el convenio de venta, se estableció que la Provincia se quedaba con créditos a cobrar por 195 millones, que pasaron a formar el "Residual del Banco San Juan", una extraña figura jurídica. Si bien la cobró unos 11 millones de pesos por la venta de las acciones, luego el Estado sanjuanino tuvo que tomar un crédito por 80 millones de dólares en el Banco Mundial, para sanear ante el comprador la cartera de deudores incobrables.

A poco de comprar el Banco, los nuevos dueños decidieron efectuar una "reestructuración" que incluyó el despido de decenas de sus empleados. Varios de ellos arreglaron su salida cobrando sus indemnizaciones y otros decidieron iniciar acciones legales contra dicha entidad. Así,a las deudas del Banco, que había asumido el Estado Provincial en convenio de transferencia de acciones, como si fuera poco, se le agregaron nuevas obligaciones de las que debía hacerse cargo la Entidad Financiera, porque fueron posteriores al acto de transferencia, pero que sin embargo la Provincia inexplicablemente decidió asumir.

Un ejemplo concreto en la causa caratulada Araya Carlos Apolo y otra c/ Banco de San Juan S.A. que fue iniciada en el Cuarto Juzgado Laboral. Allí, el Sr. Araya, ex empleado de ese banco, reclamaba ante la Justicia el pago de una indemnización de $ 175.149,93.

En este caso particular, el Estado Provincial no pudo zafar escudándose con la escandalosa Ley de Emergencia Económica ya que esa causa fue contra el Banco de San Juan, quien era solidariamente responsable en esta causa. Para defender a esa empresa privada, insólitamente, tomaron parte los abogados de la Fiscalía de Estado, así se designó mandataria judicial, entre otros, a la abogada de Fiscalía de Estado, Norma Moreno Ferrer, que desde el principio del proceso tuvo una participación activa hasta que se hizo parte el abogado, Claudio Marcelo Alvarez. Pero no bastó que la provincia compartiera a estos profesionales provinciales con el ente privado, y entonces, decidió apostar más fuerte en la etapa de ejecución de sentencia, haciéndose parte por el Banco, el por entonces fiscal de Estado Mario Enrique Díaz y también el Adjunto Emilio Daneri... así, el Banco San Juan "corría con el caballo del comisario". Algo que, para el asombro, está claramente prohibido por la Constitución Provincial en su art. 264, como así también en la Ley 5558 de Fiscalía en sus art. 5 y 8 y la Ley 3725 de Abogados en su art. 5.

Eskenazi, empresario siempre cercano al poder,
siempre beneficiado con las grandes obras
Dejando de lado, la acción anti-jurídica del ex fiscal y su adjunto, que debería ser investigada, se observó durante ese juicio, que también fueron multados Moreno Ferrer por 28 mil pesos por inconducta procesal y temeridad y Álvarez por 3.000 pesos. Entre setiembre y Octubre de 2009, se firmó un convenio de cancelación de honorarios en los que Provincia se comprometió a hacerse cargo de los honorarios de los abogados que intervinieron en representación del demandante; lamentablemente para el pueblo sanjuanino, el fisco provincial no cumplió en tiempo con los pago, lo que generó un aumento de los montos a abonar, al punto que aquellos poco más de 170 mil pesos iniciales rondan actualmente los 2,2 millones.  Importes que, no pagan esos abogados ni el Banco San Juan, sino la Provincia de San Juan. Estos son los abogados que representan al pueblo de San Juan, y que con su impericia e inconducta solo comprometen más el patrimonio provincial.

Con el tiempo, ante la sentencia desfavorable, la Provincia fue negándose sistemáticamente a cumplir con la obligación de pagar, lo que fue haciendo que la deuda vaya aumentando notoriamente. Cumpliendo el mandato de no pagar y estirar todos los juicios hasta límites intolerables que les impartía su jefe político, es decir, el Gobernador de la Provincia, los funcionarios de la Fiscalía de Estado sin medir las (ni importarle) las nefastas consecuencias económicas para la Provincia.

En muchos casos, esos funcionarios saben a ciencia cierta que hay fallos adversos que son irreversibles y es por eso que deberían sugerir a su jefe político, es decir el Gobernador de la Provincia, de la conveniencia de cumplir con la obligación inmediatamente a fin de evitar el incremento de los montos a pagar. Muchas veces conviene aceptar tener que pagar y negociar con el acreedor que, a la larga, termina siendo más conveniente que prorrogar en el tiempo una causa que será igualmente perdida con el agravante de que esa deuda se irá aumentando producto de los intereses y honorarios de los profesionales intervinientes... pero no, nuestros gobernantes se creen más allá del alcance de la Justicia y es por eso que prefieren esquivar los compromisos dejándoselos para futuras administraciones estatales y, claro está, para el pueblo mismo que es el que termina pagando los platos rotos.

Como sucede en muchos casos, el hilo se terminó cortando por lo más delgado. Se echó a un par de funcionarios pero no se soluciona nada a fondo porque no caen los principales responsables. Como todo en la política argentina, prima una irresponsable visión cortoplacista que, a la larga, termina siendo lo más perjudicial para San Juan.

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