lunes, 24 de enero de 2011

Guerra Gaucha, nuevo capítulo

El Gobierno Nacional sigue redobla su apuesta en su enfrentamiento con la Mesa de Enlace y, en un nuevo capítulo, como represalia a un paro que convocaron las autoridades agropecuarias, inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación salieron a distintos establecimientos rurales para controlar la situación laboral de la gente.

A poco de iniciado el 2011, la Mesa de Enlace había convocado a un paro en la comercialización de granos al no encontrar respuestas a sus reclamos presentados para liberar los cupos de exportación. En conferencia de prensa, Eduardo Buzzi, Presidente de la Federación Agraria Argentina, se quejó de que “A los productores nos pagan $0,60 el kilo de trigo y al consumidor le cobran $8 el kilo de pan”. Ante esta medida, funcionarios de la Casa Rosada salieron enfurecidos a declarar como el Ministro de Agricultura Julián Domínguez que, sin ponerse colorado, exclamó “nadie hizo tanto por el sector como este gobierno y el ex presidente Néstor Kirchner, se ha cambiado el sistema de producción favoreciendo a los múltiples actores que intervienen en un negocio que es hoy agro negocios, y donde Argentina es altamente competitiva”; por su parte, cuando no, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández intentó por enésima vez enfrentar a la ciduadanía con los dirigentes agropecuarios cuando dijo que el paro es una “expresión política que implica jugar con el consumo de los argentinos”.

En Diario Perfil, Enrique Szewach analizó que la solución para todos sería que subir las retenciones y liberar las exportaciones de trigo; explicando además que el Gobierno Nacional no sólo impuso retenciones a los precios de exportación de trigo (que reducen el precio que recibe el productor, por su cosecha, y aumentan los recursos públicos), lo que es común, en mayor o menor medida, a casi todos los productos que la Argentina exporta, sino que prohibir la libre comercialización externa del trigo que no se utiliza en el mercado interno hace que los productores reciban un precio aun menor al precio de exportación, descontadas las retenciones.

Los efectos fueron analizados desde distintas ópticas: mientras el portal Fortunaweb dijo que el paro agropecuario tuvo alto acatamiento informando que no se registraron operaciones con granos en el recinto en la Bolsa de Comercio de Rosario y bajó a la mitad en ingreso de camiones a puertos. Por otro lado, Página/12 tituló que fue un "fallido lockaout" (¡!) aunque evitó fundamentar sus apreciaciones. Lamentablemente, ni Fortunaweb ni Página/12 (como todos los medios de Buenos Aires) son capaces de mirar más allá de la Pampa Húmeda, así que por eso no les cuenta lo que aconteció en provincias alejadas de la tiranía del Puerto de Buenos Aires.

La furia kirchnerista se expresó por un blanco fácil: la precariedad de la situación laboral de los trabajadores rurales, un problema social y cultural que se arrastra desde los comienzos la historia de nuestra Patria. Es un drama que del total de las personas que trabajan en el campo, hay un altísimo porcentaje que lo hace sin cobertura social y, como si fuera poco, gran parte de los salarios tienen un nivel bajo. Como parte de un nuevo contraataque oficialista, Página/12 puso el tema en su tapa y tituló en una nota "El calvario del trabajo rural" (...). Ante la evidencia de una realidad que indigna, Buzzi se excusó aseverando "El gobierno pone hoy el eje en el trabajo esclavo. Y en realidad yo creo que es repugnante que exista trabajo esclavo en el campo, es repugnante, que los investiguen y los metan en cana, como lo ocurrido en esa multinacional"; mientras que el Ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada explicó que "ningún sector productivo es perseguido" y que "la lucha fue, es y será contra aquellos que fomentan y apañan la precarización de los trabajadores para maximizar ganancias en cualquier sector de la producción".


¿Ley pareja no es rigurosa?

Es muy bueno que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y audite la situación laboral de los trabajadores agropecuarios. Así, se está empezando a enfrentar la histórica precarización del trabajo en este sector tan caro para nuestro país.

Con ese mismo celo que los inspectores fueron enviados a algunos campos bonaerenses (¿el resto del país no importa?), sería bueno que el Ministro de Trabajo de la Nación envíe a sus empleados a que se den una vuelta por dependencias de Estados Provinciales y Municipales, a lo largo y a lo ancho del país, a fin de constatar que todos los empleados públicos están "en regla".

En efecto, es muy común que en esos lugares encontremos personas trabajando como becarios y con contratos que encubren una relación de dependencia, por la cual funcionarios públicos evaden toda responsabilidad para con sus empleados. Ahora bien, sabemos que toda esa gente es usada para "trabajar" en las campañas electorales como así también para rellenar espacios vacíos en actos públicos de los partidos políticos gobernantes; tampoco es nada nuevo que quienes acceden a un cargo político tienen que "donar" parte de lo que perciben para "el partido". Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anota en sus registros a toda esa gente es contada como "empleada"...

¿Le interesa al Ministerio de Trabajo de la Nación también la dignidad de esa gente?... ¿o ese avance sobre esos establecimientos agropecuarios es tan solo una burda represalia política?.

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