jueves, 4 de noviembre de 2010

A los sanjuaninos, solo la minería nos vuelve "federales"

La patria giojista está hoy de parabienes: tan solo a dos días de haberse hecho una presentación de una medida cautelar de no innovar, el Juez Federal Miguel Ángel Gálvez suspendió la aplicación de 6 de los 18 artículos de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y, así, devolvió el aire a la muchachada minera luego de que el Congreso de la Nación sancionara la polémica normativa el pasado 20 de septiembre.

Como no sucede para otras cuestiones, la justicia se mostró ágilmente solícita a las pretensiones de lo que la prensa adicta al giojismo denomina "fuerzas vivas": la Asociación Minera Obrera Argentina (AOMA Nacional y AOMA Seccional San Juan), Cámara Minera de San Juan, Confederación General del Trabajo Seccional San Juan (¡!); Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI); y Cámara Argentina de la Construcción quienes concurrieron presurosos a los estrados judiciales. Por su parte, Barrick Gold también hizo una presentación judicial en la que comunicó “Nuestras actividades no tienen lugar sobre glaciares, y Barrick continúa cumpliendo en un todo con las leyes existentes y las aprobaciones ambientales. Creemos que estamos legalmente habilitados para continuar nuestras actuales actividades sobre la base de las aprobaciones existentes, y estamos solicitando el reconocimiento legal de esta posición como medida precautoria”.

El portal San Juan Ya informa que los artículos a los que San Juan no adhiere son:

→ El artículo 2, que define al glaciar y zona periglaciar.
→ El 3 en el que determina que hay que hacer un inventario de glaciares.
→ El 5 que determina quién debe hacer el inventario (en la ley nacional establece que IANIGLIA)
→ El 6, donde se enumeran las actividades prohibidas. "Particularmente el inciso c podría afectar a la provincia porque prohibe la exploración minera e hidorcarburífera" dijo Galvez.
→ El 7 que establece quien debe hacer la evaluación de impacto ambiental (en la ley nacional el rol es para los organismos nacionales)
→ El 15, que estipula plazos para todo lo anterior.

Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan, dijo que "La Nación tiene tradición en avasallar a las provincias, esta puede ser una vez más, pero vamos a defendernos con lo argumentos que tenemos, que son sólidos". A su vez, Javier Cámpora, abogado de AOMA Seccional San Juan, reconoció su cercanía al primer mandatario provincial cuando afirmó “Gioja nos pidió que no lo dejáramos solo, porque entiende que éste no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos”.

Los mismos proveedores mineros hacen alarde hablando del bien que le hacen a San Juan y de todo el dinero que dejan en las arcas del Gobierno de la Provincia. Pero, no todas son rosas ya que el Director General de Rentas Adrián Villegas, en declaraciones en el Programa "Otro día en el Paraíso" de Radio La Red informó que existe una deuda tributaria para con el fisco valuada en unos 14 millones de pesos por parte de firmas vinculadas a la actividad minera, empresas trasportistas y prestadores de servicios. El funcionario recalcó que la mayoría de ese monto es dinero que no pagan las empresas mineras... Ante el tremendo papelón, Sergio Donna, en nombre de la CASEMI se hizo el desentendido y declaró "Al menos los miembros de la Comisión Directiva no mantienen deudas con el Estado (...), y estamos consultando a otros empresarios, pero nadie sabe de qué se trata. No tenemos ni idea de qué es esto (...). La verdad, no sabíamos de que existiera esta deuda (...). Queremos ver la lista antes para saber de quiénes se trata". Por su parte, el titular de la Cámara de Prestadores Mineros Adrián Cellura que cree que "el listado de los morosos no se va a difundir" (¿acaso no somos iguales ante la Ley?) y habrá puesto cara de piedra cuando aseveró al portal Sanjuan8 que “Les hemos pedido a los socios que nos digan si tiene deudas pero no es de carácter obligatorio. La idea es orientarlos y ayudarlos en todo lo que ellos necesiten para aquellos proveedores que no cuenten con una parte contable”.

Diario de Curro, cuándo no, festejó esta noticia en la portada de su edición impresa de hoy justificando que Ley que votaron ambas Cámaras del Parlamento Nacional "avasalla los derechos de las provincias" de disponer de sus recursos naturales como así también se criticó la falta de delimitación de la zona periglacial y que el único organismo encargado de inventariar los glaciares sea el IANIGLA -ente nacional- y no técnicos locales, entre otras.

Jubilosos, los empresarios mineros y gremialistas fueron convocados por el Gobernador José Luis Gioja para participar en una reunión en Casa de Gobierno para determinar los pasos a seguir en esta avanzada contra los glaciares

Desde Buenos Aires, no tardaron en llegar las críticas hacia esta movida minera. El Senador Daniel Filmus escribió en Twitter “Reservas de agua en peligro, la justicia de San Juan suspendió la aplicación de la Ley de Glaciares. Hay que proteger los glaciares!!!”.

Acá en San Juan, salieron a responder siguiendo la línea ya impuesta por el Gobernador y sus colaboradores, empresarios mineros y los muchos periodistas alcahuetes: "el que habla en contra de la minería giojista es un ignorante y, en cambio, el que la apoya es un erudito en el tema" (¿?). Todavía vomitando su resentimiento contra sus compañeros de bloque en la Cámara Alta, el Senador César Ambrosio Gioja cargó contra su colega sentenciando "Filmus no entendió nada". Más duro y envalentonado con un pseudofederalismo, Guillermo De Sanctis, Jefe de Asesores del Gobernador Gioja y ex Vicegobernador, disparóFilmus circula a 20 cuadras del Obelisco. Esta es una cuestión de porteños en campaña, él debe querer ser algo en el 2011 y ha encontrado la veta de hacerse el ambientalista, protegiendo glaciares que no conoce, porque no quiere ir a la Cordillera, ni sabe donde queda” y adelantó "Nosotros ya invitamos a las provincias mineras a realizar una presentación similar a la que hizo San Juan, desde hace varios meses. Ahora con con estos últimos elementos, lo volveremos a hacer; incluso compartiendo las formas".

Si conocemos los actores involucrados en toda esta controversia en torno a la minería y los glaciares, no debemos extrañarnos de este contragolpe minero. Gioja habla de institucionalidad y federalismo cuando los sanjuaninos sabemos que el Gobernador no solo maneja la Legislatura Provincial a control remoto, sino también a la Justicia local.

La pésima estrategia comunicacional del sector minero es la que se repite desde hacen ya varios meses: acusar a "los porteños" de centralismo, hablar de la contaminación escandalosa del Riachuelo y a hablar de una supuesta hipocresía porque todos usamos artículos fabricados con insumos que provienen de la minería. 

De todas maneras, ellos saben perfectamente que la Ley 26.638 por la que tanto se escandalizan y tiemblan ha sido votada por legisladores de todas las provincias argentinas, inclusive de algunas provincias cordilleranas. Ellos saben perfectamente que no se rechaza a la minería sino a una forma de hacer minería como es esta que José Luis Gioja diseñó cuando fue Senador Nacional allá en la Década de los 90: entreguista y sin adecuados controles ambientales. 

Lamentablemente, San Juan ha sido una Provincia históricamente dependiente del Gobierno Nacional. Por conveniencias políticas y por unitarismo crónico de nuestro país, las distintas administraciones provinciales que se han sucedido han dependido en gran medida de los fondos que se les giraron desde el poder central. Actualmente, la mayoría de los legisladores nacionales por San Juan responden disciplinadamente al oficialismo giojista que, a su vez, está alineado al kirchnerismo gobernante; entonces, nuestros representantes en el Legislativo Nacional votan en sintonía con los dictados de la Casa Rosada con tal de que los humores presidenciales no se alteren y se mantenga el flujo (discrecional) de dinero... en esa constante conducta de sumisión política al poder central, nadie habla de federalismo. Ni siquiera ningún legislador sanjuanino tiene la valentía de impulsar una necesaria ley de coparticipación federal. Ningún funcionario del Gobernador Gioja clama por la coparticipación federal.

Resta saber si alguien del Gobierno Nacional apela lo dispuesto por el Juez Gálvez y allí, deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia. Veremos si prima la cordura y el interes común de la Argentina, en lugar de los negociados espúreos de algunos.

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