sábado, 29 de agosto de 2009

Circo e impunidad en San Juan

La inseguridad es uno de los peores padecimientos de nuestro país y las Provincias de San Juan y de Mendoza no son las excepciones. Como es de esperarse, dada su ineficacia (o connivencia) Gobernadores "exitosos" como José Luis Gioja no tienen en su agenda a este drama. En la vecina provincia los problemas son más sensibles dada la envergadura de su territorio, población y actividad económica.

A mediados de julio del corriente año, la opinión pública de San Juan se vio conmocionada por el descubrimiento de un "oscuro" negocio dedicado a la venta de autopartes de camionetas 4x4 robadas en la cual están involucrados importantes empresarios vinculados a la minería.

El génesis de este caso lo encontramos en el día 12 de julio de 2009 cuando la Policía de San Juan halló en el Departamento de Ullum una retroexcavadora que fue robada en la Provincia de Mendoza, la cual estaba en un desarmadero clandestino que había en la Bodega "Ansilta". Al llegar al lugar de los hehos, los efectivos de seguridad se econtraron con que habían, además de la máquina que buscaban, dos camionetas 4x4, motores y varias autopartes.

De ahí se inició una investigación que llevó al descubrimiento de una aceitada red de comercialización de autopartes que tenía como clientes a empresas que están trabajando, directa o indirectamente, con Barrick Gold en la Mina Veladero.

En pocos días, la “mafia de las 4x4” generó una celosa búsqueda, con controles casi obsesivos en rutas fronterizas y en cualquier lugar, a cualquier camioneta doble tracción. Y una consecuencia lógica del acecho policial: costosas camionetas abandonadas en las calles céntricas, playas de estacionamiento o campos, alguna cargada con cuatro motores, otra incendiada por completo. Y autopartes, centenas de repuestos, chasis y cabinas destruidas o quemadas arrojados en descampados en las afueras de la ciudad, el síntoma más claro de que nadie quiso quedar pegado en este escándalo. Claro que nos pasa que cuando uno lleva su vehículo a un taller, los repuestos son adquiridos por el mecánico y muy rara vez entrega las facturas por la compra de los elementos; esas facturas son las que exigían los uniformados a los que ellos sospechaban.

María Inés Rosselot, Jueza del Quinto Juzgado de Instrucción, es quien tiene a cargo la investigación de dicha asociación ilícita por alteración de un bien registrable y encubrimiento. Hasta fines de julio fueron detenidos varias personas los cuales, uno a uno, fueron recuperando la libertad.

Según pudo saberse, la mayoría de las camionetas fueron sustraídas en otras provincias y eran marca Toyota, debido a los altos costos de los repuestos de dichos vehículos. La mafia la integraban personas residentes en San Juan y en Mendoza. En principio, el principal implicado fue Guillermo Luis Criscuolo responsable del desarmadero allanado en Ullum, aún prófugo de la Justicia; también fueron investigados : Natalia Vignoli (ex mujer de Criscuolo), Eduardo Galdeano, Luis Mut, los mecánicos Gustavo Olmos y Eduardo González, los empresarios Alfredo Vargas, José Rosa y Pablo Chatard, Argentino y Segundo Albornoz, y Marta Araya, Mirta Barud y el gestor Roberto Frau. El empresario Pedro Ponte pidió eximición de prisión explicaron.

Desde algún lugar (¿?) en donde se encuentra escondido, Criscuolo sorprendió mandando un escrito a través de su abogado defensor en donde solicita la eximición de prisión. Es curioso que dicho documento no lleva la firma del sindicado como "jefe" de la asociación ilícita y es, prácticamente, una exigencia contra la Jueza que entiende en la causa.

Al poco tiempo de que Barrick Gold empezó a operar en la Mina Veladero, floreció el negocio del alquiler de camionetas 4x4; actualmente, en San Juan, existen diez empresas dedicadas a este rubro. Diario de Cuyo realizó un informe en donde se precisa que el costo de un vehículo de estas características asciende a unos 6.000 pesos al mes más IVA, y con una flota de 400 vehículos disponibles en la provincia el negocio mueve $2.400.000 al mes, o sea, $28.800.000 anualmente.

Es una realidad que el accionar de las fuerzas de seguridad pública están seriamente cuestionadas por la eficacia de su accionar. Tal vez este caso tan confuso solamente pueda servir solo para sumar algunos puntos en la popularidad hoy alicaída de jueces, policías y políticos, montando toda una escena en donde arremeten contra poderosos.

No sé hasta donde hay de turbio en este caso, no sé hasta dónde todo sea una simple "asociación ilícita" sin conexiones con importantes empresarios y encumbrados dirigentes políticos.

A principios de este año, estalló el escándalo por una millonaria estafa a la A.F.I.P. en la que incurrieron "prestigiosas" empresas sanjuaninas que emitieron facturas "truchas". Varios medios locales hablaban de un escándalo sin precedentes... pero, en un par de semanas, parece que nos "olvidamos" y todo quedó en la nada. Otro tanto sucedió con el lamentable caso de una bodega sanjuanina que está vinculada con el tráfico de cocaína, la cual hacían llegar a Buenos Aires diluída en el vino que despachaban; al tratarse de una bodega perteneciente a un reconocido economista sanjuanino, todo fue rápidamente "tapado".

"Pueblo chico, infierno grande", dicen por ahí. En San Juan, los casos en donde se involucran personajes de los más influyentes, provenientes de los exclusivos círculos políticos y económicos como de las familias tradicionales, son tapados y la atención popular es hábilmente desviada por los medios obsecuentes al poder de turno.

Así, nuestra Justicia obra en consecuencia y nuestra prensa se ocupa de mantener tranquila a nuestra gente.

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