martes, 7 de abril de 2009

Minería y protección del patrimonio arqueológico sanjuanino: Lecciones de un caso reciente

por Alejandro García
CONICET (IIM-FI) – UNSJ (FFHA) – UNCuyo (FFyL)

RESUMEN

En los últimos años se han realizado varios estudios arqueológicos vinculados con
emprendimientos mineros en el oeste sanjuanino. Uno de estos trabajos es particularmente importante porque dio lugar a una serie de acciones administrativas y de medidas inusuales relacionadas con la protección del patrimonio arqueológico de San Juan. Estas medidas incluyeron el rechazo de los resultados de estudios de evaluación de impacto sobre el patrimonio arqueológico presentados en relación al Proyecto Veladero y una marcada reorientación de tales estudios encaminada a un efectivo rescate y/o protección de más de veinte sitios arqueológicos registrados en el área del proyecto. Este caso constituye un antecedente de suma importancia para el futuro accionar de los organismos públicos involucrados en la protección del patrimonio cultural, y brinda un excelente material de estudio para avanzar en el proceso de análisis y discusión de las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en este tipo de actividades. En este sentido, en el presente trabajo se destaca el valioso accionar de las autoridades a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan en 2003 y la imperiosa necesidad de elaborar mecanismos transparentes y eficaces de sanción y control que permitan mejorar la calidad de los estudios de evaluación de impacto y asegurar la defensa del patrimonio arqueológico sanjuanino.

INTRODUCCIÓN

La protección del patrimonio arqueológico en áreas mineras tiene en Argentina una historia muy corta y reciente, ya que recién en los últimos quince años se han producido avances importantes en la normativa legal nacional y en las de algunas provincias. Por lo tanto, existe una imperiosa necesidad de aprovechar las experiencias recogidas en este lapso, a fin de que contribuyan a mejorar la elaboración del marco legislativo que rige estas actividades y los mecanismos específicos dirigidos a una eficaz intervención estatal en casos de desarrollo de emprendimientos que pudieran ocasionar un impacto sobre el registro arqueológico.

Estas consideraciones tienen especial significado en la provincia de San Juan, debido al actual auge de la minería y a la existencia de emprendimientos de gran envergadura en sectores montañosos que durante los últimos 10-8.000 años fueron testigos de diversas actividades desarrolladas por grupos humanos prehistóricos e históricos. Los restos de esas actividades son los únicos testimonios con que contamos en el presente para conocer de qué modo esas poblaciones ocuparon y explotaron aquel espacio, y por lo tanto su preservación y estudio es clave para completar el rompecabezas de nuestro pasado regional.

Diversas acciones realizadas en torno a la evaluación de impacto del patrimonio arqueológico en el marco del Proyecto Veladero permiten apreciar la necesidad de establecer un proceso continuo de ajustes tendiente a efectivizar y optimizar su salvaguarda, al tiempo que permite plantear la discusión de algunos aspectos fundamentales relacionados con el alcance y características de la participación de cada uno de las partes involucradas en este tipo de estudio


1. EL CASO VELADERO

Veladero es el mayor emprendimiento aurífero actual de la provincia de San Juan. Los
estudios de evaluación de impacto se realizaron entre 2000 y 2003, y los informes que
constituyeron la base de la presentación final del Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte de la empresa Barrick S.A. para su aprobación por el Gobierno de San Juan fueron realizados por profesionales del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ y firmados por los profesores M. Gambier, Catalina T. Michieli, Adriana Varela y Gabriela Riveros.

En base a esos informes, en 2003 la empresa presentó a la Subsecretaría de Cultura de San Juan una solicitud de liberación de las áreas Planta-Mina y del Camino Minero del proyecto.

Según la documentación presentada, “[los sitios] no representan un patrimonio importante, por lo que no se recomendó estudios más profundos ni medidas de conservación y o protección específica” “[pp. 4-59/60 del IIA], y “no se recomienda estudios más profundos ni medidas de conservación y/o protección específica en las unidades arqueológicas/históricas inspeccionadas” (pág. 2-184 del IIA) y por lo tanto no existían obstáculos para la liberación solicitada.

Tras un detallado análisis de la documentación, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, cuyo titular en ese entonces era el Licenciado Luis Eduardo Meglioli, rechazó enérgicamente el informe elevado para dar cuenta de lo realizado por los consultores de la empresa en relación al patrimonio arqueológico, debido a la observación de numerosas y graves falencias (La documentación sobre el caso aquí analizado formaba parte del expediente 106-0394-M-00 y 106-0348-N-01
de la Subsecretaría de Cultura). Entre éstas se destacaban:

1) La selección arbitraria de los criterios de valoración de los sitios hallados. Aún aquellos que han presentado evidencias arqueológicas prehispánicas “carecen de relevancia arqueológica”. Aparentemente los sitios del área carecen de significación arqueológica debido a sus características estructurales (“pircas o acumulaciones de piedra formando recintos abiertos, sin forma definida”), al carácter de su registro (vinculado con “cacería” y “pastaje”) y a la brevedad de sus ocupaciones, lo que podría implicar que entre los criterios de relevancia utilizados podrían destacarse la monumentalidad y complejidad del registro y la estabilidad de la ocupación, lo cual constituiría un serio error de apreciación Sin embargo, se sugieren medidas de protección para un sector de senda denominado “tramo de camino incaico” o“camino de tipo incaico”, sin que se hubieran presentado las pruebas correspondientes a esta hipotética filiación.

2) La desprotección del patrimonio arqueológico a pesar de la existencia de hallazgos que según la propia documentación presentada son relevantes. Así, por ejemplo, en el “conjunto 4” se halló “abundante material lítico”, incluidas dos puntas de proyectil. A través de un sondeo “se pudo comprobar que los niveles arqueológicos fértiles alcanzan una potencia importante”. En el “conjunto 6” también se observaron restos de talla y una punta de proyectil, en tanto que el conjunto 16 es un “lugar de singular importancia, pues aquí se encontraron fragmentos de cerámica arqueológica.

3) La existencia de incongruencias en la consideración de algunos sitios. Así, mientras según un informe los sitios “carecen de relevancia arqueológica” por corresponder “al tipo de abrigo transitorio de arrieros y pastores” y porque “pocas son las instalaciones (por ejemplo B 187) que indican una ocupación más estable, pero siempre de época reciente”, en otro informe se menciona la presencia en el área de Conconta de imágenes grabadas por arrieros y pastores más actuales que son de interés porque aportan datos históricos sobre la actividad económica de la zona”. O sea que el registro correspondiente a los mismos grupos de arrieros y pastores, y vinculado con las mismas actividades generales, es digno de ser preservado y estudiado en un caso, y es completamente descartado en otro.

4) La adscripción cultural de algunos sitios: por ejemplo, en B 160 y B 187- que habían sido descriptos como lugares correspondientes a “época reciente o criolla” y por lo tanto sin interés arqueológico, se observaron posteriormente restos de talla lítica de época prehispánica.

5) Un sesgo temporo-cultural injustificado. Según el informe presentado, gran parte de los sitios no tienen interés arqueológico por su posible vinculación con ocupaciones modernas de pastores y arrieros, implica un severo desconocimiento de las posibilidades de estudio de esos sitios en el marco de la Arqueología Histórica.

6) una concepción restringida del alcance de las alteraciones y del área y recursos a proteger, que no contemplaba, entre otros aspectos, la alteración sobre los recursos del área de afectación secundaria o indirecta, los posibles efectos que a mediano y largo plazo puede tener el tránsito continuo de vehículos pesados (ocultamiento de registro arqueológico por la remoción, transporte aéreo y sedimentación de material fino, movimientos de terreno que puedan afectar estructuras cercanas, etc., y los futuros inconvenientes derivados del aprovechamiento turístico o del acceso de particulares a mediano o largo plazo, potenciados por el mejoramiento de los caminos. Asimismo, la Subsecretaría de Cultura requirió a la Empresa la elaboración de un plan de estudio, protección y monitoreo del patrimonio arqueológico del área. Igualmente, se convino que la Empresa contrataría nuevos profesionales idóneos para el desarrollo de tales tareas. En el plan resultante, denominado “Plan de estudio del patrimonio arqueológico del Proyecto Minero Veladero”, se establecieron tres sectores:

1) Mina-Planta;
2) Camino Minero entre Portezuelo de Conconta y Campamento Veladero;
3) Camino Minero entre By Pass Tudcum y Portezuelo de Conconta.

Debido a la urgencia de liberación del área Planta-Mina, se coincidió en que ésta sería el área en la que se concentrarían los primeros estudios, tras lo cual serían abordadas las dos restantes. También se realizaron importantes modificaciones en cuando a la definición del territorio objeto de estudio y a la necesidad de que éste alcanzara a importantes sitios ubicados en la salida de la quebrada de Conconta (a diferencia de lo propuesto previamente y de lo que puede observarse en el Informe de Impacto Ambiental).

La empresa actuó con gran diligencia y durante setiembre y diciembre un conjunto de
arqueólogos provenientes de varias provincias argentinas trabajó de manera intensiva en el Sector Mina-Planta. Se realizó entonces un relevamiento más completo y se efectuaron excavaciones en algunos sitios. Los resultados fueron volcados en varios informes parciales que fueron sucesivamente evaluados y aprobados por la Subsecretaría de Cultura.

Un hecho muy significativo para tener en cuenta es que debido al hecho de haber sido presentado en noviembre de 2002, el Informe de Impacto Ambiental no pudo incluir los resultados y cambios fundamentales surgidos a lo largo del año 2003 en el área de Arqueología. El Informe de Impacto Ambiental aprobado por las autoridades provinciales pertinentes no refleja, por lo tanto, toda la información disponible sobre el patrimonio arqueológico del área, la posición asumida por la Subsecretaría de Cultura en 2003 ni las obligaciones asumidas por la empresa en relación al estudio y monitoreo de ese patrimonio.


2. LECCIONES PARA EL FUTURO

Un análisis somero de la información anterior permite realizar algunas consideraciones acerca del rol y del desempeño de cada una de las partes involucradas en el caso.

Con respecto a la empresa, su desempeño queda inserto en el marco legal imperante: Barrick cumplió con la normativa que indica la necesidad de contratar profesionales para la realización de estudios de evaluación de impacto cultural, en este caso, arqueológico, y tuvo en cuenta para su proceder las consideraciones vertidas por dichos profesionales. Sin embargo, se podría discutir un aspecto estrechamente vinculado con aquellos estudios: la calidad de los resultados. Si bien puede argumentarse que basta con cumplir la normativa vigente, ¿es esta situación conveniente, tanto para la Empresa como para el Gobierno Provincial? ¿Hasta qué punto los resultados de los estudios realizados pueden ser perjudiciales para la imagen de una empresa? ¿Debe una empresa preocuparse por la calidad de los resultados o esto corresponde simplemente a los profesionales contratados?

Mi opinión es que la calidad de cualquier estudio de evaluación de impacto se relaciona estrechamente con la calidad e imagen de la empresa que lo contrata. El grado de calidad del trabajo de campo y de las interpretaciones resultantes puede ser considerado como un reflejo de la preocupación de una empresa por obtener la mejor información posible, lo cual puede a su vez verse reflejado en la elección de los profesionales a contratar. Discrepo, por lo tanto, con la opinión (emitida alguna vez por un miembro de una empresa minera que opera en San Juan) de que la preocupación de una empresa debe restringirse a cumplir la normativa, punto a partir del cual todo el peso de la calidad de los resultados (fundamentalmente en relación a la interpretación del registro arqueológico) recae exclusivamente sobre los hombros de los profesionales eventualmente contratados.

Por su parte, los profesionales encargados de realizar el tipo de estudio aquí considerado deben, obviamente, cumplir ciertos requisitos vinculados con su formación, idoneidad, incumbencia profesional, etc. y tener en cuenta los principios generales que rigen la práctica de la Arqueología a nivel internacional. Por ejemplo, la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, aprobada en 1968 por la Conferencia General de la Oganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece que “Los Estados Miembros deberían dar prioridad a las medidas necesarias para la conservación in situ de los bienes culturales que corran peligro como consecuencia de obras públicas o privadas, para mantener así la continuidad y las vinculaciones históricas de tales bienes. Cuando las circunstancias económicas o sociales impongan el traslado, el abandono o la destrucción de los bienes culturales, los trabajos encaminados a salvarlos deberían siempre comprender un estudio detenido de los bienes culturales de que se trate y el registro completo de los datos de interés”

Asimismo estos aspectos son materia de preocupación en diversos organismos internacionales, y son reflejados en sus códigos de conducta. Por ejemplo, el del Institute of Field Archaeology establece el principio de que “The archaeologist has a responsibility for the conservation of the archaeological heritage”; en relación a este principio, se explicita que “An archaeologist shall strive to conserve archaeological sites and material as a resource for study and enjoyment now and in the future and shall encourage others to do the same. Where such conservation is not possible he/she shall seek to ensure the creation and maintenance of an adequate record through appropriate forms of research, recording and dissemination of results”.

Pero, ¿qué sucede si se suscitan inconvenientes como los sintetizados supra? ¿Pueden los resultados de los estudios arqueológicos rechazados en 2003 por la Subsecretaría de Cultura constituir un ejemplo de “mala praxis” o de alguna figura similar? Es posible, aunque ello debería ser establecido fehacientemente por algún organismo profesional pertinente. No obstante, aun cuando eventualmente la respuesta sea positiva, en el estado actual de desarrollo de la disciplina arqueológica en Argentina la consecuencia más probable sería una simple sanción social, sin inhibiciones prácticas de ningún tipo para continuar realizando las actividades que dieron lugar a la sanción. En este sentido, creo que la discusión acerca de la conveniencia de imponer sanciones prácticas es una deuda pendiente dentro del ámbito arqueológico que necesita ser saldada a fin de evitar eventuales perjuicios al patrimonio arqueológico nacional.

Finalmente, el punto más positivo de este caso (más allá de la gran cantidad de sitios arqueológicos que –al menos hasta fines de 2003- se había logrado salvar por la intervención referida) es el encomiable ejemplo político brindado por la gestión Meglioli de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan acerca de la defensa y protección del patrimonio arqueológico provincial existente en el área del Proyecto Veladero. Lo actuado en 2003 demostró una voluntad clara de poner en marcha los mecanismos propios del Estado para cumplir con la obligación inalienable de proteger el patrimonio arqueológico sanjuanino.

En este sentido, el éxito de esa Gestión en relación a la defensa de los sitios arqueológicos del área del Proyecto Veladero nos recuerda claramente:

1) La necesidad de que el Estado dé acabado cumplimiento a su obligación de defensa de la herencia cultural provincial (para lo cual se requieren condiciones tan “virtuosas” como la idoneidad, la voluntad y el compromiso social).

2) La necesidad de que estos ejemplos no se vinculen con la eventual presencia de autoridades que presenten gran idoneidad y un alto grado de sensibilidad y compromiso social, dirigidos en este caso hacia la protección del patrimonio arqueológico, sino que esta situación se transforme en una política estatal continua y coherente que trascienda cualesquiera cambios políticos que pudieran registrarse.

3) La necesidad de instrumentar mecanismos que aseguren la transparencia y difusión de todas las acciones oficiales vinculadas con la protección del patrimonio, como medio de control social que contribuya a la continuidad y al mejoramiento de las políticas de resguardo de los restos materiales que testimonian la actividad humana de los últimos 9.000 años en el territorio sanjuanino.

Los recursos culturales arqueológicos presentan una gran diversidad y constituyen lazos que nos unen como sociedad tanto con el pasado indígena de nuestra tierra como con nuestra historia en las épocas de conquista, colonia y de nación independiente. Para que esos lazos se fortalezcan es necesario que todos los sectores sociales comprendan el valor del patrimonio arqueológico y su condición de recursos no renovables, y asuman (por encima de cualquier interés sectorial) la inexcusable obligación de conservar y proteger la herencia patrimonial recibida, y de legarla con la mayor integridad posible a las generaciones futuras.


4. FUENTES

Institute of Field Archaeology. http://www.archaeologists.net
UNESCO. http://www.unesco.org/culture/indexs.htm

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