jueves, 20 de noviembre de 2008

El agua no vale más que el oro...

La Ley Nº 26.418 de Protección de los Glaciares fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Nación pero fue ¿sorpresivamente? vetada por La Presidente Cristina Fernández, lo que provocó reacciones adversas en distintos sectores.

El texto de la mencionada ley fue confeccionado hacen un poco más de dos años por la entonces Diputada Marta Maffei y tenía como propósito la preservación de los glaciares, los cuales son importantes reservas de recursos hídricos. Fue aprobada en la Cámara Baja en octubre de 2007 y, un año más tarde, la Cámara de Senadores la convirtió en Ley.

Dicha ley fue muy elogiada tanto por oficialistas como opositores y contó con un gran apoyo de los legisladores a la hora de votarla a favor. La normativa contemplaba, entre otras cosas, la confección de un inventario de todos los glaciares existentes en la República Argentina como así también la prohibición de actividades industriales (léase, minería) tanto sobre los mismos glaciares como en sus adyacencias. El Artículo 6 de dicha Ley prohibía:

a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;

b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;

c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo;

d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

Está claro que, de haberse promulgado, habría coartado las ambiciones de las empresas mineras que proyectan realizar sus actividades en este bendito país, especialmente la Barrick Gold que está esperando el acuerdo en materia impositiva entre los gobiernos de Chile y Argentina para lanzar su mega proyecto binacional Pascua Lama. No es de extrañarse entonces con las mineras activaron sus conexiones con el poder para impedir la puesta en práctica de esta ley: presionaron el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral y el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Según el Diario La Nación, el Gobernador de San Juan José Luis Gioja también hizo gestiones para abortar esa iniciativa.

Ante las airadas quejas de Gioja, el Diputado Nacional Miguel Bonasso sentenció "Esto no es federalismo, sino feudalismo".

Lo cierto es que la Presidente accedió a las exigencias y, a través de Sergio Massa, Jefe de Gabinete, decretó el veto de dicha ley. Los argumentos no son del todo contundentes, escudándose en que las Provincias son las que disponen los estudios de impacto ambiental de las actividades mineras.

La explotación minera es una Política de Estado para José Luis Gioja, ya que durante sus dos periodos consecutivos al frente del Ejecutivo Provincial le ha dado un impulso a esta actividad casi sin precedentes.

Como era de esperarse, esta noticia fue silenciada por la mayoría de los medios de prensa sanjuaninos, quienes se prostituyen con la pauta publicitaria del gobernador de turno (y por la de Barrick).

Personalmente estoy a favor de la actividad minera: es el principal recurso que tiene nuestra Provincia y puede significar el despegue social y económico para San Juan. Hay que apoyar a esta actividad y no es para caer en fundamentalismos ambientalistas: Está más que claro que la minería contamina... pero yo me pregunto ¿cuál actividad industrial no es contaminante?


Gioja y sus amigos lobbistas mineros cruzan los dedos para que de una buena vez arranque el megaproyecto Pascua Lama, el cual está varado por la inacción de la Presidente Cristina Fernández. Lo cierto es que, para desesperación de Gioja y sus socios, Barrick está cada vez más cerca de realizar la explotación solo del lado chileno. Es sabido (o no tanto) que César Ambrosio Gioja, hermano del primer mandatario provincial, Senador Nacional y precandidato a Gobernador de San Juan, es el principal accionista de La Bentonita S.A., empresa que es una de las proveedoras mineras que se está beneficiando con el auge de esta actividad.

Lo que los sanjuaninos necesitamos es un Estado que esté a la altura de las circunstancias, tomando una respetuosa distancia para salvaguardar los intereses de nuestro pueblo más que comportarse como agentes de las empresas mineras. Esa distancia es la que brinda la libertad de acción a los gobernantes de turno y no es la que precisamente toma el giojismo.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

fuerte crítica del titular del inti a Cristina por anular la ley de glaciares
“Lo llaman el veto de la Barrick Gold”

Enrique Martínez es funcionario K y el severo documento que difundió expresa el malestar en el oficialismo por el veto presidencial a una ley que colocaba a la Argentina como líder en protección ambiental. Denuncia al lobby minero.

“El sano juicio y el principio de precaución, universalmente aceptado, avalan como plenamente acertadas todas y cada una de las disposiciones de la ley sancionada por el Congreso (...). Difícilmente pudiera encontrarse una normativa superadora de la misma, ya que ella es clara, pertinente, eficiente y suficiente.” El contundente párrafo está incluido en la carta que el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, dirigió al senador Daniel Filmus y a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Precisamente, los encargados de cumplir la instrucción de Cristina Kirchner de encontrar “una normativa superadora” después de su veto a la ley de protección de glaciares.

Martínez es un funcionario K y su carta es una nueva expresión del malestar que generó en las filas oficialistas el veto a una ley refrendada por unanimidad en el Parlamento, con apoyo de las más importantes organizaciones ambientalistas, y que colocaba a la Argentina a la vanguardia en materia de preservación de fuentes de aguas dulces. La diferencia es que Martínez no expresa sólo una disconformidad política sino –fundamentalmente– técnica, respaldada en la solvencia y prestigio del INTI. Su carta tiene, en ese sentido, casi el valor de un dictamen.

“Exhortamos a todos los legisladores a la ratificación plena de la ley y a los funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto que ya empieza a ser conocido como Veto Barrick Gold, por la empresa emblemática de los intereses mineros presuntamente afectados”, señala otro párrafo que golpeará fuerte en la Casa Rosada.

Como informó este diario, detrás del veto asomaron las presiones de gobernadores peronistas y compañías multinacionales de minería interesadas en la explotación de riquezas (oro, por ejemplo) en zonas que requieren el desplazamiento o directamente la destrucción de glaciares.

Martínez subrayó que “no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”.

Para el titular del INTI no se trata de “una postura ideológica” ni “dogmática”, sino realista. Sostiene que para permitir “intervenciones antrópicas con alto impacto ambiental, con propósitos productivos”, hay un puñado de condiciones indispensables: altas tecnologías, empresas comprometidas con el principio de responsabilidad social, transparencia de información y procedimientos, rigurosa supervisión y monitoreo tanto de autoridades como de pobladores de las regiones afectadas, “dotados de instrumentos técnicos de avanzada para cumplir con el contralor”. Condiciones todas, indica, de difícil ejecución en la Argentina. Y remata: “No parece serio ni creíble invocar principios de responsabilidad social empresarial y, menos aún, de gobernanza democrática socialmente responsable, para sostener hipótesis a todas luces sin antecedentes ni fundamentos”

(http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=16418)

Anónimo dijo...

Más de la sesión de Diputados

Bloqueó el oficialismo el intento de la oposición por rechazar el veto de Cristina a la ley de glaciares.

El kirchnerismo perdió la votación, pero los opositores no consiguieron llegar a los dos tercios necesarios. Acusan al Gobierno de proteger intereses de lobbies mineros.

El kirchnerismo logró trabar ayer el rechazo del veto presidencial a la ley de protección de glaciares, que fue planteado por la oposición y aliados del kirchnerismo para insistir con el texto de la norma aprobaba por unanimidad por ambas cámaras del Congreso tiempo atrás.

Si bien el pedido del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el kirchnerista crítico Miguel Bonasso, obtuvo 107 votos afirmativos contra 90, la cifra no alcanzó para habilitar el tratamiento sobre tablas debido a que se precisaban las tres cuartas partes de los legisladores presentes, porque ya se había agotado el tiempo otorgado para el planteo de preferencias.

Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) presentó una cuestión de privilegio con la intención de pedir el apartamiento del reglamento "para insistir con la sanción de la Cámara baja". El legislador cuestionó el veto presidencial al sostener que "pone en peligro los recursos hídricos" del país, y apuntó: "Sin oro podemos vivir, sin agua no".

Por su parte, el diputado Carlos Raimundi (SI), opinó que la actitud del oficialismo dejó de manifiesto "la debilidad del Parlamento", que "en lugar de insistir se subordina a los gobernadores y, lo que es peor, a los lobbies de la política minera de este gobierno, que impidieron que la ley sea aprobada".

En tanto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, desestimó las pretensiones de los diputados que respaldaron la vigencia de ley sancionada por el Parlamento. Rossi recordó que el decreto de Fernández de Kirchner estableció la creación de una comisión integrada por gobernadores y legisladores nacionales de las provincias cordilleranas, para elaborar un proyecto de mayor alcance a la norma.

La comisión que la jefa de Estado ordenó crear se reunió el lunes por primera vez, aunque su eficacia pareció quedar amenazada un día después cuando la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, anfitriona de todos los participantes, fue despedida del gobierno nacional.

En el encuentro, los asistentes coincidieron en elaborar un nuevo proyecto de ley para la protección de los glaciares, que reemplazará a la norma vetada y que deberá estar listo "antes del 1 de marzo próximo" como "plazo máximo", aseguró el senador oficialista Daniel Filmus.

"La palabra minería no tiene que entrar" en la iniciativa, porque si hay una actividad que "contamina los glaciares, entonces también va a contaminar el agua", comentó candidamente Filmus.

En el veto, Fernández de Kirchner reclamó "conformar un foro interdisciplinario" con la presencia de once gobernadores cordilleranos, en su mayoría de provincias que alojan en su territorio millonarios emprendimientos mineros y que pretenden ampliar su alcance a la zona de los glaciares.

(http://www.perfil.com/contenidos/2008/12/04/noticia_0006.html)

Anónimo dijo...

El veto de la Barrick Gold

Me pregunto si es lícito que algunos legisladores y funcionarios públicos actúen como lobbistas de sus propios intereses empresarios.

Hace un par de semanas, el ingeniero Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), declaró en este diario que el rechazo presidencial a la ley de protección de los glaciares era “el veto de la Barrick Gold”.

Una acusación muy grave procediendo de un alto funcionario público, a cargo de un organismo de reconocido prestigio científico-técnico. ¿Exageraba? No.

El decreto de veto se basa principalmente en la “preocupación de gobernadores de las provincias cordilleranas”. Eufemismo que sumerge en un relativo anonimato al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, entusiasta promotor de las gigantescas inversiones de la Barrick Gold y autor de las leyes que el menemismo dictó en 1994 en beneficio de la gran minería y en perjuicio del erario público y el medio ambiente.

No es casualidad que uno de sus hermanos, el senador César Ambrosio Gioja, presida la influyente Comisión de Minería del Senado de la Nación y que otro de sus hermanos, Juan Carlos, integre la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación.

Tampoco es casual que el senador Gioja figure en la web como “contacto” de la empresa de minas y canteras Bentonitas Santa Gema SA.

Hace pocos días, cuando comenzaba la guerra de los glaciares (que está muy lejos de haber terminado), leí un informe sobre el veto presidencial elaborado por la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), donde denuncia lo siguiente: “César Ambrosio Gioja es el propietario de la firma Benonita (sic) Santa Gema, principal proveedora de la minera Barrick que opera en dicha provincia”. En un recuadro, más abajo, la diputada Reyes dice que la empresa La Bentonita SA es proveedora de Barrick Gold en la mina Veladero, una gigantesca explotación aurífera en los Andes sanjuaninos.

Por hábito profesional decidí corroborar la información y la verdad es que no tuve que trabajar casi nada, porque todo está en la red bajo el título “Bentonitas Santa Gema-César Gioja Cuit 20079415279”. Abajo reitera para posibles interesados que el contacto es César A. Gioja y proporciona sus teléfonos y mails. Llamamos a los teléfonos de contacto y nos respondieron que el gerente de la empresa era el señor Alejandro Gioja, hijo del senador y sobrino del gobernador.

Así de simple y evidente. Tan simple y evidente como la maniobra que en su momento hiciera el senador (Frente para la Victoria-PJ) Roberto Urquía en beneficio de los seis grandes exportadores de aceite de soja en la comisión de Presupuesto del Senado. Casualmente Urquía es propietario de Aceitera General Deheza, uno de los Seis Grandes.

Me pregunté entonces y me repregunto ahora si es lícito que algunos legisladores y funcionarios públicos actúen como lobbistas de sus propios intereses empresarios.

Mirando hacia adelante cabe también preguntarse qué legitimidad tendrá el famoso Foro o “Comisión” instituido por el veto presidencial para rediscutir “con gobernadores y legisladores de las provincias cordilleranas” la ley de glaciares (votada por unanimidad en ambas cámaras) y proponer una nueva norma. ¿Puede el zorro legislar sobre las gallinas?

Tampoco es ocioso interrogarse acerca del federalismo como pabellón que cubre la mercancía del feudalismo, en perjuicio de los intereses supremos de la Nación. Y sobre el reflejo que esto tiene en el PJ, como espacio insalubre de concertación entre gobernadores e intendentes, entre negocios y política. Un hábito que trasciende las fronteras cronológicas del menemismo y causa hastío e indignación creciente en la sociedad.

La connivencia del presidente de la Comisión de Minería del Senado con una empresa minera ya es grave de por sí, pero se torna procaz si esa empresa es la Barrick Gold, fundada por el conocido traficante de armas saudita Adnan Kashoggi, que adquirió fama mundial en los ochenta a raíz del escándalo Irán-Contras. No por casualidad tampoco, uno de sus principales padrinos internacionales ha sido el ex presidente norteamericano George Bush (padre), petrolero y ex director de la CIA.

Por un módico sueldito oficial de 10 mil dólares, el papá del actual presidente Bush le consiguió a la Barrick concesiones por diez mil millones de dólares, solamente en Estados Unidos. En todas partes, como podemos ver, se cuecen habas.

Aunque los asesores de prensa de la Barrick Gold en Chile han negado que la empresa fuera fundada por uno de los más importantes traficantes de armas del mundo, el periodista estadounidense Greg Palast (de la BBC y The Guardian), lo confirmó al diario chileno La Nación. Según Palast, la información fue proporcionada por el hombre fuerte de la Barrick, Peter Munk, en su propia autobiografía.

En ese mismo reportaje, Palast revela que en 1995 cincuenta mineros fueron sepultados vivos en Tanzania por los bull dozers de la Barrick, con la complicidad de la policía local, que reprimió a los trabajadores rebeldes para asegurarles a la compañía y sus socios en el gobierno un negocio muy lucrativo.

No les va ni les irá mejor a los obreros argentinos que laboran a cinco mil metros de altura en la mina de Veladero (San Juan) o en Pascua Lama, el gigantesco emprendimiento binacional entre la Argentina y Chile, que explotará la Barrick.

Freddy Espejo, un ex empleado de la empresa trasnacional entrevistado por el ambientalista Javier Rodríguez Pardo, reveló que más de cincuenta trabajadores argentinos, pertenecientes a la Barrick o a grandes empresas que le prestan servicios, murieron a causa de accidentes laborales atribuibles a la negligencia de la minera y sus asociadas. El hombre se la juega porque el gobierno de San Juan ha sacado una ley especial que reprime cualquier tipo de agitación en contra de la minería.

El testimonio de Espejo denuncia también los daños ecológicos perpetrados, incluyendo la destrucción del glaciar Conconta (glaciar Vallejos como le dicen en la zona), “sobre el cual se trazó un camino de 35 metros de ancho para llegar a la planta y los yacimientos”. Incluye un dato que movería a risa si no fuera por la indignación que causa: según el ex empleado de la Barrick, “el gobierno (de San Juan) no existe”. En los colegios se prohíbe el debate sobre estos temas y cada vez que se promueven charlas “funcionarios del gobierno y de la minera vienen a cada rato a dar conferencias sobre las bondades del cianuro, que es inocuo, y del progreso minero”.

En estas manos (sucias) quedarán nuestros glaciares si prospera el veto de la Barrick Gold.

Por Miguel Bonasso - Dipuado Nacional

(http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=15636)

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