viernes, 21 de noviembre de 2008

Cumbia Villera

Uno de los males que tenemos los argentinos es que los problemas que se suscitan en la Ciudad de Buenos Aires muchas veces se terminan "nacionalizando" por obra y gracia del histórico centralismo porteño acentuado por los medios de prensa capitalinos que tienen alcance nacional. Me detengo en esta noticia porque en su análisis encontramos puntos comunes a otros lugares de nuestro hermoso país.

Por estos días, nos enteramos de la controversia generada por una orden judicial que ordena impedir la edificación de nuevas casillas en las Villas 31 y 31 bis del barrio porteño de Retiro, las cuales estarían habitadas por unas 30.000 personas. Esas villas es un problema social casi crónico en la Ciudad de Buenos Aires porque se trata de un asentamiento popular sobre terrenos pertenecientes al Estado Nacional, el cual nunca cedió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Administración de Mauricio Macri realizó la denuncia ante magistrados nacionales exponiendo que muchas de las casillas de esas villas están edificadas sin ningún tipo de control, lo cual representa peligros latentes de desgracias por derrumbes.

Las personas que allí residen exigen la urgente urbanización y poder seguir construyendo sus casas; como no obtuvieron una respuesta favorable a sus pretensiones, no dudaron en salir a cortar la Av. Illia generando un tremendo caos en el tránsito perjudicando a cientos de automovilistas que circulan a diario por la zona. La cantidad de "piqueteros" variaba con el paso de las horas, ya que los adultos iban y venían y dejaban a sus niños jugando en plena avenida.

En el día de ayer, antes de las 18 hs (horade Buenos Aires), los manifestantes improvisaron una votación y determinaron levantar el corte de esa importante avenida. Lo curioso es que la interrupción del piquete coincidió con el inicio del partido de fútbol que marcó el debut de Diego Maradona como entrenador del Seleccionado Argentino ante su par escocés. Horas después se supo Roberto Gallardo, un juez porteño, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no puede desalojar a los piqueteros de la Avenida en cuestión.

A través de la prensa, se produjo después un insoportable cruce de acusaciones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno porteño, es decir, una nueva disputa entre kirchnerismo y macrismo que ponen al pueblo argentino en el medio.

Macri pretende regularizar la situación de esos terrenos usurpados, lo cual puede implicar el desalojo de toda esa gente que pretende apropiarse de esos terrenos. Más allá de los resultados de esta iniciativa, la gente compra y vende los precarios inmuebles en esa villa como si fueran propios. Es emblemático el caso de un edificio de cinco pisos construido sin ninguna habilitación en la entrada de laVilla 31, que es conocido popularmente como el "Sheraton" y es regenteado por uno de sus habitantes.

Ahora los "delegados" de toda esa gente han amenazado con total impunidad la pronta realización de 14 cortes de tránsito en "puntos estratégicos" de la Ciudad de Buenos Aires para presionar por sus reclamos.

Acá se entremezclan discursos de "izquierda" y de "derecha", de "progresistas" y "conservadores" pero estamos ante una realidad que refleja la maldita costumbre argentina de vivir fuera de todo ordenamiento legal. Como sucede en tantos otros lugares del país, en esas Villas vive alguna gente que desprecia todo orden social y, con prepotencia, se quiere adueñar de inmuebles que no le pertenecen.

Esta gente no necesita asistencialismo de los poderosos de turno: necesitan una asistencia seria, pensada en el largo plazo, yendo hasta la raíz misma del drama social. El problema de la pobreza estructural en la Argentina no es solo económico sino más bien una cuestión cultural, de educación. Lamentablemente, el Ciudad de Buenos Aires, como en tantos otros puntos del país, no han habido hasta ahora gobernantes con la capacidad y el coraje de atacar el problema mismo a fondo... más simple es regalarles bolsas de mercadería, vestimenta y, en el mejor de los casos, una casa. Así no es el tema.

En San Juan, el Gobierno de Gioja se ha implementado un Plan de Erradicación de Villas que consiste en el masivo traslado de familias que vivían en villas hacia barrios construidos especialmente en las afueras de la Ciudad de San Juan. Esta medida se ha festejado con bombos y platillos pero no se observan cuestiones más profundas como la preguntarse si la gente que se moviliza hacia sus nuevas casas está lo suficientemente preparada como para vivir: al contrario de lo que ahora deben asumir, en las villas, las familias tenían letrinas, no pagaban impuestos. A los políticos que gobiernan San Juan poco les importa como se adaptará la gente a esta nueva vida, solo les obsesionó la publicidad y el ver una Ciudad sin esas "molestas" villas...

Mientras muchos tenemos que trabajar y esperar un buen tiempo para acceder al sueño de la casa propia, muchos argentinos que usan cobardemente a sus hijos en estado lamentable como escudo de sus caprichos obtienen terrenos y viviendas con el apoyo de dirigentes demagógicos... y sí, es muy fácil ser generosos con lo que es ajeno.

Les guste o no, lo justo sería es que la situación de todos esa gente sea regularizada como corresponde a todo país que quiere ser serio. Todos tenemos derecho a una vivienda digna... pero cada uno de nosotros debe acceder a ella dignamente. Si esa gente quiere seguir viviendo ahí, deben comprar los terrenos al valor que verdaderamente tienen y, si no pueden hacerlo, deben buscar otro lugar para vivir. Si esta gente insiste con impedir el libre tránsito de miles de argentinos, debe actuar la Justicia para desalojarlos preservando los derechos de todos aquellos que viven (o al menos intentan) vivir en el marco de la Ley... sino, seguiremos siendo un país bananero.

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