lunes, 27 de octubre de 2008

Lo tuyo es mío y lo mío es mío

La Argentina se ha sumido en la discusión acerca de las implicancias de la confiscación de los fondos que administraban las AFJP en nuestro país.

Viendo a la distancia esta poco feliz medida de la Presidencia de la Nación, se nota que el kirchnerismo quiere confiscar todo lo que tiene a su alcance para satisfacer su caja insaciable.

Hacen unos pocos meses fueron por la renta "extraordinaria" del campo; la codicia kirchnerista fue tal que generó grandes pérdidas de mercados para empresarios agrícolas y puso increíblemente en vilo al país por un infundado capricho de recaudar más y más para sostener su corrupta estructura de clientelismo.

Afortunadamente, el Vicepresidente de la Nación tuvo un momento de lucidez y con su "voto no positivo" truncó la ambición de Cristina Fernández y sus acólitos.

Mientras gran parte del país festejó el revés oficialista en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, la Administración Kirchner tomó represalias contra sus "verdugos políticos" (¿?) y nunca más atendió los reclamos de los representantes de la Mesa de Enlace. Por un lado, la estrategia kirchnerista tuvo algo de éxito porque los reclamos del campo ya no tiene el mismo apoyo popular de hace unos meses.

Ahora el Ejecutivo Nacional quiere tomar por asalto el dinero que está en poder de las AFJP. Habrá que ver la suerte que esta nueva iniciativa oficialista corre en el Parlamento Nacional... pero me quedan algunas preguntas flotando en el aire: ¿cuál será el próximo objetivo de la recaudación kirchnerista?, ¿qué querrán confiscar después?, ¿está en peligro la propiedad privada en la Argentina?.

Mientras tanto, para distraernos, los alcahuetes del matrimonio presidencial ya instalaron otra cortina de humo con la probable candidatura de Néstor Carlos Kirchner como Diputado Nacional por Buenos Aires para los comicios del año próximo.

Uno podrá estar de acuerdo o no con estas políticas estatizadoras que impulsan Néstor Kirchner y Cristina Fernández pero me resulta irritable que en la "distribución de la riqueza" según los Kirchner no entra el cuantioso patrimonio de los Kirchner. Quieren hablar de izquierda, imponernos un modo político en la Argentina... pero ellos, en sus intimidades, no están dispuestos a compartirlo con el pueblo: total, que el "sistema de izquierda" lo padezca solo el pueblo. ¡Qué fácil es ser generosos con el dinero ajeno!, ¿no?.

4 comentarios:

nati dijo...

Hola, estoy por aqui porque me dejaste un comentario en mi blog.
Muy interesantes tus opiniones aunque merecen una relectura para hacer un comentario algo más preciso.
Pero me llamó la atención el nombre de tu blog. Porque este año por primera vez estuve en el cerro Mercedario. Paré en barreal y recorrí tu bellísima y desconocida provincia (para mí). Ignoraba la magnitud del paisaje , que nada envida los cerros salteños y la afabilidad de su gente.
saludos y felicitaciones

mario dijo...

Finalmente, llegaron el default y la confiscación (*)

La decisión del Gobierno de estatizar los fondos de las AFJP, eliminar el sistema de jubilación privada y volver a un régimen estatal de jubilaciones es una nueva estafa a los ahorristas argentinos.

Después de leer las declaraciones de Cristina Fernández argumentando que la confiscación de los ahorros de la gente es para defender a los trabajadores y jubilados, llegué a la conclusión de que va a ser bastante difícil que los Kirchner logren superar su marca en materia de cinismo. ¡Es la primera vez que alguien me roba y encima me dice que lo hace para hacerme un favor!

¿Por qué digo robar? Porque el Estado, utilizando el monopolio de la fuerza que le fue delegado para defender nuestros derechos, lo está utilizando para quedarse con nuestros ahorros en las AFJP. El dinero que depositamos en las AFJP para que estas los administraran, está colocado en bonos estatales, depósitos a plazo fijo, acciones, fondos fiduciarios, etc. Por lo tanto, al pasar todos esos activos a manos del Estado los burócratas se quedan con nuestros ahorros y no entregan nada a cambio, salvo la promesa de defender nuestra jubilación. Una verdadera hipocresía cuando vemos lo que ganan nuestros padres y abuelos. Y más hipocresía aún cuando quienes todavía no informaron qué hicieron con los fondos de Santa Cruz y están seriamente comprometidos en las valijas voladoras venezolanas, dicen que toman nuestros ahorros para defendernos. ¿Usted le confiaría sus ahorros a alguien que tiene estos antecedentes?

Pero hay otro punto que me parece ha pasado desapercibido y no se ha dicho con toda claridad. El punto en cuestión consiste en algunos comentarios que sostienen que esta medida fue para evitar el default. Mi visión es diferente. Con esta medida el Estado está defaulteando más de $ 53.000 millones de pesos en bonos públicos. Es que nuestro dinero fue colocado por las AFJP en títulos del gobierno nacional por ese monto. Ahora bien, al estatizarse el sistema, esos bonos pasan a manos del Estado y a nosotros no nos entregan nada a cambio. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno kirchnerista es defaultear $ 53.000 millones en bonos que nos debe a nosotros. Nos los quita por la fuerza y ya no los tendrá que pagar. Así que esta medida no es para evitar el default, es un default liso y llano.

El Estado también se quedará con $ 6.359 millones a plazo fijo sin entregar nada a cambio. Esto quiere decir que, comparado con los Kirchner, Duhalde fue la Madre Teresa de Calcuta cuando pesificó los depósitos porque, por lo menos, entregó algo a cambio. Los Kirchner directamente se quedan con los $ 6.359 millones, el ahorro privado, y encima dicen que es para defendernos.

En total, los Kirchner pretenden quedarse con U$S 30.000 millones de ahorros privados bajo el argumento de defender los intereses de los trabajadores y los jubilados.

Si el corralito, el corralón y la pesificación fueron letales para la economía Argentina, hacer otra confiscación de ahorros privados a los 6 años de la anterior implica condenar a la Argentina a la más profunda decadencia. ¿Por qué? Porque con estos antecedentes de un Estado que sistemáticamente se queda con los ahorros de la población, ya nadie traerá sus ahorros a la Argentina para volcarlos al mercado de capitales. Sin ahorros que se canalicen en el mercado de capitales, no habrá financiación para las inversiones o el consumo. Sin financiamiento para la inversión no hay posibilidad alguna de crecer, crear nuevos puestos de trabajo y mejorar el ingreso real. En otras palabras, estamos condenados a la miseria por este desprecio de los derechos de propiedad. Los Kirchner le están haciendo un daño a la Argentina jamás visto.

¿Quién puede creerle a los Kirchner que hacen esto para defender a los trabajadores y a los jubilados y no porque necesitan plata, si todavía estamos esperando los U$S 30.000 millones de inversiones chinas, los créditos hipotecarios para los que alquilan, el pago al contado al Club de París que fue anunciado con bombos y platillos o la reapertura del canje para los holdouts anunciada una par de semanas atrás? En pocos días pasamos de los anuncios del pago al contado al Club de París al default de $ 53.000 millones como si nada, y encima quieren venderlo como un logro para el pueblo argentino.

Ya nada sorprende en esta era kirchnerista en materia de confiscación. Defaultean la deuda en pesos ajustada por el CER dibujando el IPC. Quisieron confiscar a los productores agropecuarios y no pudieron. Con la sangre en el ojo fueron ahora por los ahorros de la gente en las AFJP. Y que quede en claro, no es a las AFJP a las que les quitan el dinero. Es a la gente que había ahorrado y que tenía ese ahorro en las AFJP. Mal que le pese a los pocos defensores que quedan del kirchnerato, la crisis llegó y el gobierno, finalmente, optó por defaultear parte de la deuda pública y robarse el resto de los activos. Con tanto ataque a la propiedad privada, ¿qué impide que mañana vayan por los depósitos de la gente?

Los Kirchner han hecho doblete. Defaultearon parte de la deuda y confiscaron el resto de los ahorros. Lo mismo que en el 2002, pero más grave, porque no entregan nada a cambio.

Francamente, cuando veo los dislates que está haciendo el Gobierno, cada vez me convenzo más de que el tipo de cambio a $ 3,25 está regalado.

(*) Escrito por Roberto Cachanosky
© www.economiaparatodos.com.ar

Anónimo dijo...

El Estado se quedará con una "caja" extra de 80.000 millones de pesos
Son los activos que acumularon en sus cuentas los afiliados a las AFJP en los últimos 14 años. 1 Una caja millonaria.

El Estado asumiría un pasivo a futuro (el pago de las jubilaciones) pero en lo inmediato se hace de una caja muy potente, que -vía colocación de Letras o Bonos en la ANSeS- le dará amplio margen de maniobra con el gasto. Se quedará con activos por 80.000 millones de pesos, por el dinero acumulado por los aportantes en sus cuentas individuales. Por el otro, recibirá un flujo anual de ingresos de 15.000 millones de pesos, por los aportes de los trabajadores activos que aportaban a una AFJP.

2 Sin capitalización.

Los aportes de cada trabajador dejarán de estar en una cuenta a su nombre y pasarán a formar parte del pozo común de la jubilación de reparto. El Estado les reconocerá los derechos jubilatorios como si siempre hubieran aportando a reparto.

3 El destino de la plata.

El uso de los nuevos recursos estará limitado, en lo formal, al sistema jubilatorio. Pero ese dinero pasará a engrosar el presupuesto de la ANSeS, que ya es superavitario. La ley vigente la autoriza a invertir los excedentes según un menú de opciones similar al que tienen las AFJP. Pueden destinar hasta 50% a prestarle al Estado mediante la compra de títulos públicos.

4 Las comisiones no vuelven.

Las AFJP cobraron comisiones por casi 11 mil millones de dólares en sus 14 años de existencia. Con ese dinero -cobrado como porcentaje del aporte de los trabajadores- financiaron sus ganancias, inmuebles, salarios y publicidad. Esos fondos ya fueron gastados por las administradoras, de manera que no serán devueltos a los aportantes aunque ahora se decida la disolución del sistema.

5 ¿Y los que optaron?

El año pasado se permitió que los afiliados de ambos sistemas decidieran dónde querían estar. Una amplia mayoría (casi 85%) decidió seguir en el régimen privado: casi 9 millones de personas de las cuales sólo es aportante efectivo menos de la mitad. Casi 15% pidió ser traspasado al Estado, alrededor de 1,5 millón de personas. Ahora el traspaso será automático, sin trámite alguno.

6 Composición de haberes.

El Estado actualmente paga una parte de las jubilaciones de las 455.000 personas que se retiraron a través de alguna AFJP. Esto es porque el sistema privado es nuevo y los que se jubilan tienen una parte de su vida laboral en la que aportaron al Estado. Además, la ANSeS cuenta con los aportes patronales, que van completos al Estado aunque el trabajador aporte a una AFJP.

7 El INDEC y la crisis.

Las AFJP invierten los aportes de los trabajadores según un menú que se fijó por ley. El 50% se destina a prestarle al propio Estado a través de la compra de títulos públicos. También hay inversiones en acciones, fondos comunes de inversión y títulos y acciones de empresas extranjeras. En épocas de crisis como la actual, las pérdidas por esas inversiones afectan directamente la rentabilidad que las AFJP obtienen para sus afiliados, que ven disminuir el monto acumulado en sus cuentas. La manipulación de los datos del INDEC también afectó la cotización de los bonos y afectó la renta de las AFJP.

8 Sin reaseguros.

Se supone que el sistema de reparto preserva a los jubilados de los vaivenes del mercado financiero. Pero quedan expuestos a lo que pueda pasar con la situación fiscal si, por ejemplo, se produce una crisis como la de 2001 que impacta negativamente en la recaudación de impuestos y contribuciones. Por lo general, la deuda con jubilados que el Estado no puede cubrir con recursos propios se cubre con bonos.

9 Amplían la movilidad.

Con el sistema único, todas las jubilaciones tendrán la movilidad, que rige sólo para el sistema estatal porque en el privado los haberes dependen de la rentabilidad positiva o negativa que obtengan las AFJP.

PUBLICADO EN DIARIO CLARÍn

Anónimo dijo...

SE VIENE LA OLA DE JUICIOS

Si al sistema jurídico argentino le faltaba un condimento para ponerlo sabrosón, el anuncio de estatización del sistema de jubilaciones y pensiones le echó un toque de ají habanero, conocido por ser incluso más picante que el popularmente llamado “de la doble p”. Y es que a la proclama no sólo la sucedió el descalabro de los mercados, sino que las palabras presidenciales fueron acompañadas por una verdadera convulsión en el ámbito jurídico, con abogados que ya decidieron afilar sus armas para dar batalla.

En paralelo, sin embargo, un grupo de profesionales prefiere esperar la decisión legislativa, bajo el convencimiento de que las instituciones republicanas deben hacer lo suyo y que no alcanza con un simple anuncio presidencial para hacer realidad los deseos gubernamentales, sino que del dicho al hecho el Congreso tiene la responsabilidad de debatir, subir o bajar el pulgar.

La caída de la Resolución 125 (la del aumento de las retenciones al campo) le sirve a este grupo como precedente y son los que afirman que “por ahora no vamos a hacer declaraciones, pero si la ley llega a salir, cuenten con nosotros”.

Con estas palabras, en más o menos, se pronunciaron en dos de los estudios de la City consultados por Asuntos Legales. En otros, en cambio, se excusaron con el argumento de que, entre sus clientes, cuentan con las propias AFJP.

Curiosamente, a lo que los abogados porteños ven como una cuestión institucional y de derecho, del otro lado del charcón le asignan un carácter distinto. “Por el matiz político, preferimos no opinar”, dijeron vía e-mail desde un importante estudio con cabeza en España, incluso luego de que el anuncio de Cristina Fernández impulsara la caída de las cotizaciones de empresas ibéricas en nuestro país. Entre quienes se animan a poner su nombre y voz y analizar el estado actual de cosas, la situación es, al menos, compleja. Para Lisandro Allende, socio de Brons & Salas, la estatización de las AFJP es ni más ni menos que “una confiscación de bienes de los particulares perpetrada por el Estado”.

“No es una expropiación, pues no hay indemnización, ni declaración de utilidad pública, entre otras razones”, aclaró. Según Alberto Tujman, titular del estudio que tiene por nombre a su apellido, estamos frente a la “reasunción por parte del Estado de una actividad que fue oportunamente delegada en las AFJP”.

Desde el punto de vista jurídico “no estamos técnicamente frente a una expropiación y/o ante una estatización de las AFJP, sino ante la reasunción por parte del Estado de las actividades llevadas a cabo por ellas”, dijo.

Sin embargo, reconoció que “lo que sí se estaría estatizando son los fondos de los afiliados que las AFJP administran”.

Recordando implícitamente la opción jubilatoria que rigió durante el anterior gobierno e, incluso, en las primeras semanas del actual, Guillermo Borda, titular del Estudio Borda, dijo que el proyecto implica la imposibilidad para quienes han realizado sus aportes al sistema privado de que esos fondos sean administrados por quienes creen que son los “más aptos para hacerlo”.

“Hoy, si el proyecto finalmente es aprobado, significará que todos esos fondos serán manejados por el Estado y seguramente pasarán a ser tomados por el Estado como los ha hecho en oportunidades anteriores, en que los fondos de los jubilados sirvieron para pagar otras cuestiones que nada tienen que ver con las jubilaciones”, avanzó.

A través de un comunicado de prensa, desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal su presidente, Jorge Rizzo, señaló que: “Se hace necesario que, de sancionarse la ley por la que pugna el Poder Ejecutivo Nacional, se tomen los resguardos pertinentes para que quienes detenten dentro de unos años el poder constituido, no puedan saquear desde ese lugar al sistema integrado, como ocurriera sin solución de continuidad durante más de 40 años en la República Argentina”.

Para el titular de la entidad que otorga la matricula habilitante a los abogados porteños, “es lícita la intención del Ejecutivo de ejercer esta potestad, perfectamente constitucional, que le otorga nuestra Carta Magna (en alusión a la reestatización del sistema)”. En contrapartida, advirtió que “no sería positivo para la sociedad argentina que el Estado asuma un nuevo monopolio absoluto del sistema previsional”.

Acciones

De la naturaleza de la medida y de la constitucionalidad o no de ella, se derivan las futuras acciones a iniciar.

Por lo pronto, los consultados coincidieron en que no hay medidas preventivas para frenar el avance del proyecto de ley y que habrá que esperar a que la norma recorra los pasillos, comisiones y recintos del Congreso para, en caso de ser aprobada y una vez publicada, empezar a cuestionarla.

Allende dijo que sus clientes ya le han consultado en este sentido, y agregó que cuando esos clientes son AFJP “el prisma del análisis es distinto, pero también tendrán derecho a reclamar resarcimientos del Estado”.

Tanto Borda como Tujman afirmaron haber recibido un importante número de consultas de similar tenor. Adentrándose en futuros procesos, este último dijo que “sólo por vía judicial se podría frenar este atropello”.

“Los afiliados a las AFJP tendrían legitimación activa para accionar judicialmente frente a esta flagrante vulneración del derecho constitucional de propiedad sobre los fondos acumulados en las cuentas de capitalización y del derecho constitucional de elección entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización”, señaló.

Los afiliados, entonces, estarían facultados para iniciar acciones de amparo que podrían incluir la solicitud de medidas cautelares.

No obstante ello, en un importante estudio de la City dudaron de la viabilidad de cualquiera de las acciones que se planee intentar.

En relación a los afiliados de las AFJP, por lo que tiene dicho la jurisprudencia no habría mayor lugar a reclamo, pues hoy son titulares de una cuenta compuesta por una cifra representada en una serie de títulos y lo que les van a dar en caso de que la iniciativa prospere es otra serie de títulos, explicaron (ver recuadro).

En segundo lugar, dijeron, la Corte Suprema ha dicho que la jubilación es un derecho que se adquiere cuando uno se jubila, no antes, con lo cual “no habría un derecho a la jubilación conculcado”. Por ultimo, recordaron que la Corte Suprema, al ser un órgano político, tiene que mantener un equilibrio y que, por ende, pasarán varios años hasta que se dicte una sentencia sobre el tema (ver “La Corte ya se prepara”). Además, para cuando ello ocurra, la realidad de los hechos hará difícil, sino imposible, desandar el camino de la estatización. Así y todo, hay quienes no están dispuestos a rendirse.

Al menos, no todavía. Allende es uno de ellos y no dudó en anticipar su accionar: “Personalmente, una vez sancionada la ley, interpondré un recurso de amparo o accionaré por daños y perjuicios, según cómo sea el texto definitivo de la ley y su reglamentación".

(http://www.cronista.com/notas/163806-efecto-afjp-se-viene-la-ola-juicios)

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